Con 85 votos a favor, 11 en contra y 6 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó la autógrafa que prohíbe a las entidades públicas contratar personal mediante la modalidad de locación de servicios para actividades de naturaleza subordinada y permanente.
Esto con la finalidad de evitar la desnaturalización de la relación laboral, garantizando el derecho de los trabajadores en todas las entidades pertenecientes a los poderes del Estado, organismos constitucionales autónomos, gobiernos regionales y locales, incluyendo organismos descentralizados, proyectos especiales, y programas.
La iniciativa legislativa exceptúa a la contratación de servicios de carácter urgente y temporal, debidamente acreditados, y por un lapso de seis meses calendario.
“Con esta norma vamos a reivindicar a miles de trabajadores del sector público que por años vienen laborando en situaciones precarias. Es una iniciativa a favor de la clase trabajadora”, señaló el presidente de la Comisión de Trabajo, Daniel Oseda.
Se establece un plazo máximo de adecuación de un año para que las entidades convoquen a concursos públicos de mérito. Esto con la finalidad que se incorpore a los locadores de servicio a actividades de naturaleza permanente.
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