La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República admitió a trámite un conjunto de denuncias constitucionales contra altas autoridades del sistema de justicia, en una medida que ha sido cuestionada por diversos sectores como un nuevo episodio de hostigamiento institucional.
Entre los implicados se encuentran el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, el exfiscal de la Nación (i) Juan Carlos Villena Campana, la fiscal suprema Delia Espinoza Valenzuela, y los exintegrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ): Henry Ávila, Antonio De La Haza, Guillermo Thomberry, Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, María Zavala y Luz Tello.
En el caso del fiscal Sánchez, la denuncia fue presentada por la congresista Patricia Chirinos, quien le imputa presuntos delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia, debido a su supuesta intervención irregular en una diligencia del 2018 en la sede de IDL Reporteros, en el marco del caso “CNM Audios”.
Asimismo, se admitió la Denuncia Constitucional 480, interpuesta por el congresista Jorge Luis Flores Ancachi contra Villena Campana y Espinoza. Al primero se le responsabiliza por emitir una resolución que amplió competencias a la fiscal Espinoza para investigar casos de corrupción y crimen organizado vinculados a congresistas. A ella se le acusa de haber vulnerado el principio de inviolabilidad del voto parlamentario al incorporar a 14 congresistas como investigados y solicitar al Congreso información sobre votaciones legislativas.
Respecto a los ex miembros de la JNJ, la denuncia fue presentada por el ciudadano Manuel Federico Loyola, quien alega abuso de autoridad por parte del órgano de justicia al iniciar una revisión especial de su nombramiento como juez superior, medida que -según afirma– no fue aplicada en casos similares.
El proceso continuará con la etapa de evaluación de fondo, en medio de crecientes cuestionamientos por el uso político del mecanismo de acusaciones constitucionales en el Congreso.
