Una nueva ofensiva legislativa se despliega en el Congreso. Mientras la congresista fujimorista Patricia Juárez propone modificar el Reglamento del Congreso para permitir la suspensión de altos funcionarios con solo 50 votos, su colega Fernando Rospigliosi impulsa una denuncia constitucional contra la fiscal suprema Delia Espinoza y otros integrantes de la Junta de Fiscales Supremos.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por María Acuña (APP), admitió a trámite la denuncia presentada por Rospigliosi junto a Alfredo Azurín (Somos Perú) y José Cueto (Honor y Democracia). La acusación apunta a Espinoza, Pablo Sánchez, Juan Villena y Zoraida Ávalos por presuntas infracciones constitucionales, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica. Se les acusa de no aplicar una ley que otorga a la Policía Nacional la dirección de investigaciones preliminares.
Si bien una inhabilitación requiere 67 votos en el Pleno, sin contar a los 30 de la Comisión Permanente, el proyecto de Juárez plantea una vía más accesible: suspender del cargo al funcionario mientras se le investiga, con solo 50 votos. Esta cifra sería alcanzable para la coalición que integra Fuerza Popular, APP, Perú Libre, Somos Perú, Renovación Popular, entre otros.
Rospigliosi recibió la admisión de la denuncia afirmando que “estos fiscales politizados deben ser destituidos e inhabilitados”, mientras que Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) advirtió sobre las verdaderas intenciones del fujimorismo: “La población debe saber que buscan suspender a los fiscales supremos para luego imponer su reforma de justicia”.
La iniciativa no está aislada. En junio de 2023, el Congreso inhabilitó a Zoraida Ávalos, quien luego fue restituida vía amparo. En marzo de 2024, se repitió el patrón con los magistrados de la JNJ Inés Tello y Aldo Vásquez. Ambos también lograron revertir las decisiones. El Parlamento, una vez más, arremete contra el sistema judicial.
