Una visita de fiscalización del Congreso de la República a la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Huánuco derivó en un cruce institucional entre el Legislativo y el Ejecutivo regional, luego de que se otorgara un plazo de cinco días hábiles para la entrega de información sobre 32 obras paralizadas y, en paralelo, el gobernador regional anunciara que denunciará la intervención ante la Comisión de Ética Parlamentaria.
La diligencia se desarrolló en las instalaciones del Gobierno Regional de Huánuco y tuvo como finalidad verificar el estado de 32 proyectos de infraestructura señalados como paralizados o en proceso de reformulación. Durante la visita, se advirtió la falta de documentación administrativa, técnica y logística, por lo que se otorgó un plazo formal de cinco días para su entrega, bajo advertencia de remitir el caso al Ministerio Público si no se cumple con el requerimiento.
La intervención fue encabezada por la congresista Elizabeth Medina Hermosilla, integrante de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, quien indicó que la acción forma parte de las labores regulares de control parlamentario. Según señaló, la comisión viene recabando información para determinar responsabilidades sobre la paralización de obras que afectan directamente a la población.
Documentación pendiente en obras de impacto regional
Medina precisó que la Comisión de Fiscalización está integrada por 20 congresistas y que la invitación para participar en la visita fue extendida a todos sus miembros. Indicó que el presidente de la comisión no estuvo presente inicialmente por motivos de salud, pero que se apersonará posteriormente para continuar con las labores de fiscalización, conforme manifestó ante los medios de comunicación.
Entre los proyectos sobre los que se solicitó información figuran el Hospital de Tingo María, la obra Walker Soberón, la adquisición de maquinaria pesada, el proyecto Pérgola, el Centro de Salud de Baños y diversas obras ejecutadas en la provincia de Huacaybamba. De acuerdo con la parlamentaria, los pedidos fueron reiterados a las áreas de administración y logística debido a que solicitudes previas no habrían sido atendidas de manera completa.
Fiscalización congresal sobre 32 obras observadas
Respecto a las 32 obras identificadas, la congresista explicó que todas forman parte del proceso de investigación en curso. Precisó que algunas corresponden a gestiones anteriores y otras a la actual administración regional, y que varias se encuentran en etapa de reformulación o levantamiento de observaciones técnicas para su eventual reactivación. Según indicó, esta situación debe ser informada con claridad a la ciudadanía para evitar confusión sobre el estado real de los proyectos.
Medina también aclaró que la comisión no cuenta con presupuesto propio, al no tratarse de una comisión especial, y que las acciones desarrolladas forman parte de las funciones regulares de la Comisión de Fiscalización del Congreso, conforme a lo establecido en el reglamento parlamentario.
Gobernador cuestiona legalidad de la intervención congresal
Tras la visita, el gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar Lucas, cuestionó públicamente la intervención de la congresista, señalando una presunta vulneración del Reglamento del Congreso de la República. Según manifestó, no es atribución individual de un congresista realizar intervenciones en representación de una comisión investigadora, facultad que corresponde exclusivamente al presidente de la Comisión de Fiscalización, cargo que actualmente ostenta el congresista Elvis Vergara.
Pulgar indicó que la intervención tomó por sorpresa a los funcionarios del gobierno regional, hecho que —según señaló— quedó consignado en el acta levantada durante la diligencia. Asimismo, afirmó que la congresista habría señalado actuar en representación del presidente de la comisión sin presentar documentación que acreditara dicha condición, pese a que esta fue solicitada por el área de Asesoría Legal del Gorehco.
Ante estos hechos, el gobernador anunció que remitirá un documento a la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso para que se evalúe la conducta de la congresista por una presunta infracción al Código de Ética Parlamentaria. Finalmente, el Gobierno Regional de Huánuco reiteró que atenderá todos los requerimientos de la Comisión de Fiscalización, siempre que se formulen por los canales institucionales correspondientes y dentro del marco legal vigente.
