El Poder Judicial ha emitido una nueva sentencia condenatoria contra Luis Raúl Picón Quedo, actual congresista y exgobernador regional de Huánuco, por el delito de negociación incompatible. La pena impuesta es de cuatro años y ocho meses de prisión suspendida, acompañada de una inhabilitación de tres años para ejercer funciones públicas y el pago de una reparación civil de 40,000 soles a favor del Estado.
Junto a Picón, fueron sentenciados cuatro exfuncionarios. Todos ellos fueron hallados culpables de favorecer indebidamente la contratación del consorcio Cordillera Azul para la supervisión de la obra “Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud de Huarichaca” en la provincia de Pachitea. Esta contratación se llevó a cabo a pesar de que la obra ya presentaba un avance del 53.84% al 31 de marzo de 2014, y de que los plazos y montos ofertados no correspondían con el estado real del proyecto.
Condenas previas
Esta sentencia se suma a dos condenas previas que enfrenta Picón por delitos similares:
1. Compra irregular de ambulancias (2023): En diciembre de 2023, Picón fue sentenciado a cuatro años de prisión suspendida por favorecer a una empresa en la adquisición de 34 ambulancias por un monto superior a nueve millones de soles.
2. Licitación irregular de obra pública (2024): En junio de 2024, recibió otra condena de cuatro años de prisión suspendida por beneficiar al consorcio San Antonio en una obra pública valorada en 1.8 millones de soles, lo que también conllevó una inhabilitación de tres años para ejercer cargos públicos y el pago de una reparación civil de 100,000 soles.
Estas reiteradas condenas ponen en entredicho la idoneidad de Picón para continuar en el ejercicio de funciones legislativas y resaltan la necesidad de mecanismos más estrictos para prevenir que personas con antecedentes de corrupción ocupen cargos públicos.
La situación de Picón también reaviva el debate sobre la eficacia de las penas suspendidas en casos de corrupción y la urgencia de implementar sanciones más severas que disuadan la comisión de delitos contra la administración pública. La ciudadanía espera que las instituciones correspondientes tomen las medidas necesarias para garantizar la integridad y transparencia en la gestión pública.
