Tras su llegada a Huánuco, la congresista Elizabeth Medina Hermosilla comentó sobre la crisis legal que enfrenta la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Huánuco por la disputa del local con la Beneficencia y la orden de desalojo que podría ejecutarse en los próximos días. En ese sentido, sostuvo que, al depender la DIRESA del Gobierno Regional de Huánuco, es el Ejecutivo regional el que tiene la potestad y obligación de encaminar una salida, incluso si eso implica evaluar alternativas como un traslado o mecanismos técnicos para evitar el impacto en los servicios.
La legisladora se refirió además a la propuesta de instalar una mesa de concertación con participación de altos ejecutivos del Ministerio de Salud, planteada para buscar que se retroceda con la orden de desalojo. Sin embargo, Medina remarcó que el eje de la solución no se define en el Congreso, sino en el propio Gobierno Regional, que —según enfatizó— debe asumir el componente legal y administrativo del problema.
Deslindan capacidad del Parlamento
Consultada sobre si desde el Congreso se puede destrabar la disputa, Medina marcó límites claros. Señaló que los congresistas no manejan presupuesto, por lo que descartó que el Parlamento pueda solucionar de manera directa un problema que —según su apreciación— gira en torno a obligaciones financieras y decisiones administrativas que competen al Ejecutivo regional.
La parlamentaria indicó que su intervención se ha limitado a elevar documentos para explorar una vía de conciliación. No obstante, sostuvo que esa alternativa no habría prosperado debido a que, según dijo, la Beneficencia no aceptó esa salida. En esa línea, enfatizó que el Gobierno Regional debe actuar con su propio equipo técnico y jurídico.
Medina también sostuvo que no ha recibido documentación formal del director de la DIRESA solicitando apoyo o gestiones desde su despacho. En consecuencia, insistió en que la ruta principal debe ser conducida por los asesores legales del Gobierno Regional, quienes —según manifestó— tienen el encargo de enfrentar el problema con la urgencia que amerita.
Fiscalización en marcha
En paralelo a la coyuntura del sector salud, Elizabeth Medina informó que viene realizando acciones de fiscalización sobre temas vinculados al Gobierno Regional. Según declaró, parte de su trabajo ya fue derivado a la Contraloría, la Procuraduría y el Ministerio Público, entidades que —de acuerdo con su postura— deben actuar con mayor celeridad y transparencia, tal como “exige la población”.
En esa línea, Medina informó que acudió a la Procuraduría Pública Regional para recopilar documentación relacionada con arbitrajes, la misma que —según afirmó— será entregada al equipo técnico de asesores de la comisión investigadora del Congreso en la que participa. La congresista sostuvo que la entrega fue rápida y que no tuvo impedimentos para acceder a los documentos requeridos.
Caso maquinarias
Sobre la investigación por la presunta sobrevaloración en la compra de maquinaria en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, la congresista indicó que el caso ya está en manos de la Fiscalía. Afirmó que su despacho continúa recabando informes y documentación a raíz de observaciones detectadas en el proceso.
Medina sostuvo que, de acuerdo con un informe del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Contraloría, se habría identificado a 11 personas vinculadas a las observaciones reportadas. La congresista expresó preocupación por lo que calificó como una posible malversación de fondos públicos y reiteró que corresponde al Ministerio Público avanzar con las diligencias para esclarecer responsabilidades.
Finalmente, recordó que en el Parlamento se aprobó una comisión de fiscalización relacionada con la gestión del gobernador regional Antonio Pulgar, marco en el cual —según declaró— se viene recabando información adicional.
