El congresista Waldemar Cerrón, de Perú Libre, ha presentado una propuesta legislativa que busca formalizar la operación de taxis colectivos en Lima y Callao por un período de diez años. Según Cerrón, la exclusión de estas regiones vulnera el derecho al trabajo de miles de conductores que dependen de esta actividad. La medida ha generado un intenso debate, ya que el transporte colectivo es considerado ilegal y peligroso por las autoridades de transporte.
En declaraciones recogidas por Infobae y autoría por María Alejandra Gonzales, Cerrón argumentó que la mayoría de los limeños está insatisfecha con el servicio de transporte público actual y que muchas mujeres han sido víctimas de acoso en dichas unidades. La propuesta pretende extender los permisos que actualmente solo se aplican en otras regiones del país, con el objetivo de dar estabilidad a los trabajadores del sector.
Sin embargo, Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Industria del Transporte (CIT), expresó su preocupación sobre la politización de los colectivos, señalando que algunos transportistas tienen intereses políticos que van más allá de la mejora en la seguridad del sector. Ojeda también criticó el uso de vehículos M1, destinados para autos particulares, en el transporte colectivo, lo cual considera una práctica ilegal.
Riesgos del transporte informal
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha manifestado en reiteradas ocasiones su rechazo al transporte informal, advirtiendo sobre los peligros que representa para la seguridad de los pasajeros y el desorden en las vías públicas. Durante 2023, la ATU reportó más de 9,000 infracciones y envió más de 2,000 vehículos al depósito por incumplir las normativas vigentes. La ATU considera que la formalización de los taxis colectivos no resolvería los problemas estructurales del transporte público en la capital, sino que los agravaría.
A pesar de estas críticas, Waldemar Cerrón sostiene que su propuesta no solo protege el empleo, sino que también es una respuesta a la creciente demanda de un servicio de transporte más eficiente, especialmente en áreas donde el Sistema Integrado de Transporte (SIT) no logra cubrir las necesidades de los usuarios.
