El alcalde del centro poblado Colpashpampa, Jorge Fernández González, anunció una protesta pública programada para este martes, con el fin de exigir la nulidad de la Resolución Directoral N.° 0835-2025-ANA-AAA.H, emitida por la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Según indicó, dicha resolución otorga derechos de captación de agua a una usuaria externa a la comunidad, pese a que —según afirmó— su comité presentó la solicitud de formalización con anterioridad.
De acuerdo con las declaraciones de Fernández, también presidente del Comité de Agua “Dos Manantiales de Poquerragra”, el grupo de 18 usuarios que representa viene utilizando el recurso hídrico desde 1990. “Presentamos nuestra solicitud en octubre de 2024, pero se ha priorizado la de otra persona que recién tramitó en abril de este año”, sostuvo el alcalde.
Fernández manifestó que la autorización otorgada beneficia a una persona identificada como Raimunda Fernández Cisneros, a quien describió como residente de Lima. El comité cuestiona que se haya concedido el derecho de uso a una solicitante que —según señalaron— “ni siquiera forma parte de la comunidad local”.
Usuarios denuncian pérdida de animales
La situación ha generado preocupación entre los usuarios locales, quienes reportan consecuencias económicas y sanitarias. Fernández señaló que la escasez de agua ha afectado gravemente a la actividad productiva de las familias, principalmente dedicada a la cría de cuyes. “Estamos perdiendo entre 100 a 200 animales por usuario. Los galpones están quedando vacíos”, aseguró el dirigente comunal.
El Comité Dos Manantiales de Poquerragra afirmó que ha instalado desde años atrás un sistema de entubado autorizado, y que cuenta con infraestructura operativa para el uso del manantial. “Tenemos las instalaciones funcionando desde 2019 y ANA ya nos tenía reconocidos”, declaró.
Pese a ello, el dirigente sostuvo que el proceso de formalización no ha avanzado. Indicó que han solicitado la nulidad de la resolución que autorizó el nuevo permiso, pero hasta el momento no reciben respuesta clara. “Solo nos dicen que esperemos, pero ya pasó casi un año. Las licencias deben demorar máximo tres a cuatro meses”, declaró.
Acusan certificación sin vínculo comunal
Fernández cuestionó que el documento emitido por la ANA haya sido tramitado por una persona que —según dijo— no tiene arraigo en la zona. “Han certificado a alguien que no es comunero del lugar. Los perjudicados somos quienes vivimos y trabajamos allí desde hace décadas”, afirmó. También precisó que uno de los beneficiarios del permiso forma parte del comité como vocal, lo que —a su juicio— agrava el conflicto de intereses.
Durante la entrevista, el dirigente lamentó no haber obtenido respaldo institucional. Afirmó que aún no ha dialogado con el alcalde distrital de Margos, Cleber Torres, pero anunció que buscará su apoyo en las próximas horas. “Vamos a tomar acciones colectivas con los usuarios, porque estamos en riesgo de perder nuestros medios de vida”, aseguró.
El dato
En el marco de la protesta anunciada, el comité convocó a los medios de comunicación para que documenten las afectaciones. “Queremos mostrar las evidencias, los animales muertos, las instalaciones abandonadas. No pedimos privilegios, solo justicia”, puntualizó el alcalde comunal.
