Líderes sindicales advierten de despidos masivos y falta de competencia del gobierno regional en el conflicto
La Confederación Conacas Perú, representada por su presidente Juber Castillo Grados, y el Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Red de Salud Huánuco, con su secretario general Henry Shicshe Salcedo, han expresado su rechazo al Decreto Ejecutivo 1602 y han solicitado su eliminación.
Argumentan que este decreto, que impone evaluaciones semestrales y puede llevar a la desvinculación laboral por incompetencia, no solo es injusto, sino que también carece de legalidad, ya que el gobierno regional no tiene competencia en este asunto.
Los líderes sindicales sostienen que el decreto es una estrategia para despedir a trabajadores de manera arbitraria y que el verdadero poder de decisión recae en el Ejecutivo. Aseguran que el decreto afecta a todos los regímenes laborales y que su implementación podría resultar en una falta de estabilidad laboral, similar a la situación de los trabajadores temporales.
Además, han anunciado una paralización nacional de 24 horas para el 21 de febrero si el gobierno no revierte la medida. Esta acción podría escalar a una huelga indefinida si no se encuentra una solución satisfactoria.
SERVIR
Castillo Grados y Shicshe Salcedo indicaron que el SERVIR establecerá perfiles laborales específicos y que aquellos trabajadores que no cumplan con estos serán desvinculados por incapacidad, lo que los sindicatos consideran una forma de despido sin justificación adecuada. Esta situación podría afectar a una amplia gama de regímenes laborales, incluyendo a los trabajadores nombrados, contratados bajo el régimen CAS, y otros regímenes especiales.
Los representantes sindicales también denuncian que la institución SERVIR, encargada de la gestión de recursos humanos en el sector público, ha favorecido a altos funcionarios y no ha cumplido con sus objetivos de mejorar la administración pública. Señalan que SERVIR ha permitido que gerentes con denuncias por corrupción o abuso de autoridad continúen en sus cargos, lo que socava la confianza en el sistema.
En cuanto al Decreto Legislativo 30057, los representantes sindicales indican que los sindicatos buscan su eliminación, argumentando que ha beneficiado principalmente a altos funcionarios y que ha permitido la contratación de personal con denuncias de corrupción y abuso de autoridad.
Asimismo, exigen la modificación del artículo 6 del decreto legislativo 1057, con el fin de equiparar los derechos de los trabajadores CAS con aquellos bajo el régimen 728. Denuncian que el presupuesto destinado a la capacitación de los trabajadores no se está utilizando correctamente, y acusan al gobierno de etiquetar a los trabajadores que protestan como terroristas o comunistas.
Dato:
La entrevista revela una profunda preocupación por el impacto del decreto en aproximadamente 700 000 trabajadores CAS y otros regímenes especiales en todo el país, incluyendo el sector salud. En la región de Huánuco, se reporta que entre 17 000 y 20 000 trabajadores están dispuestos a luchar contra el decreto, y se han convocado a todos los dirigentes, sin distinción política o sindical, para unirse a la paralización programada para el 21 de febrero.
