Conflicto en Lauricocha: Comunidades acusan a Minera Raura de décadas de incumplimientos

Alcalde Gide Falcón exige responsabilidad social y obras tras 60 años de explotación minera sin beneficios visibles

El alcalde de Lauricocha, Gide Falcón, ha denunciado públicamente la falta de atención de la Compañía Minera Raura ante múltiples pedidos por daños viales y compromisos sociales incumplidos. Según Falcón, la empresa ha ignorado reiteradas comunicaciones oficiales y mantiene una postura evasiva pese a las crecientes tensiones sociales en la zona.

De acuerdo con sus declaraciones, la situación se ha agravado con las fuertes lluvias que han dañado severamente las vías de acceso en toda la provincia. “Las carreteras están en pésimo estado y no contamos con maquinaria para atender los puntos críticos. El COER y el gobierno regional aún no responden”, sostuvo.

La tensión en la provincia ha llegado a un punto álgido con la protesta de las comunidades campesinas de Antacallanca y Quichas, que llevan más de 11 días movilizadas. La principal acusación es el incumplimiento sistemático de convenios suscritos por la minera, así como la exclusión laboral de los comuneros en las operaciones de la empresa.

“La población está cansada. No hay obras, no hay empleo local, no hay desarrollo social ni ambiental. Son más de seis décadas de actividad minera y ni una sola obra de impacto en la provincia”, cuestionó el alcalde.

Falcón ha manifestado su respaldo a las comunidades y advirtió que podrían sumarse más sectores si no se llega a acuerdos concretos. En ese contexto, expresó que ha sido invitado a una mesa de diálogo programada para el viernes, aunque los dirigentes insisten en que esta se realice en Antacallanca, no en Lima ni en sedes institucionales.

“Solo estando ahí podrán ver la verdadera necesidad. No hay centros de salud adecuados, el agro está abandonado y la situación de pobreza persiste. El Estado tiene que escuchar directamente a los comuneros”, señaló.

Además, criticó duramente la falta de presencia de organismos fiscalizadores como OEFA o BINAN, cuya inacción estaría permitiendo prácticas mineras sin control efectivo. También señaló que las comunidades han iniciado procesos judiciales por contaminación ambiental sin respuesta del sistema de justicia.

Finalmente, lamentó que, pese a haberse declarado el estado de emergencia en la provincia, no se han asignado fondos ni ayuda humanitaria. “¿De qué sirve un decreto si no hay presupuesto ni acciones reales?”, concluyó.

Dato:

En paralelo, Falcón indicó que la plataforma de lucha de las comunidades contiene al menos 15 puntos, entre ellos el rechazo a nuevas concesiones mineras como la de “El Niño Perdido”. Reiteró que se necesita un cumplimiento inmediato de los compromisos asumidos en actas y con cronogramas definidos.