La controversia en torno a la intervención quirúrgica de la presidenta Dina Boluarte ha escalado, a raíz de un testimonio que pone en tela de juicio su versión inicial. Este caso se suma a un historial de escrutinio sobre la gestión de la mandataria, incluyendo investigaciones previas por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de información en sus declaraciones juradas, colocando el tema de la cirugía presidencial bajo una lupa aún más intensa.
Según la investigación publicada por El Comercio, el testimonio del médico Mario Cabani, propietario de la clínica donde se realizó la intervención, contradice directamente las declaraciones previas de la jefa de Estado sobre la naturaleza y el propósito de su cirugía en junio de 2023.
Cabani, en declaraciones al programa “Cuarto Poder”, detalló que Boluarte se sometió a cinco procedimientos quirúrgicos el 28 de junio de 2023. Entre ellos, una rinoplastia (corrección nasal), una blefaroplastia inferior transconjuntival (cirugía de párpados), injertos de grasa en surcos nasogenianos y otras áreas faciales, y la colocación de hilos de sustentación absorbibles para rejuvenecimiento facial. El médico enfatizó que todas estas intervenciones fueron con fines estéticos, con la excepción de la septoplastia funcional, realizada por un otorrinolaringólogo.
El propietario de la clínica proporcionó detalles adicionales sobre el procedimiento, incluyendo la sedación administrada por una anestesióloga y la aplicación de anestesia local. Confirmó que la presidenta permaneció internada en la clínica desde el 29 hasta el 30 de junio, periodo durante el cual, según Cabani, tuvo los ojos vendados y solo estuvo acompañada por Patricia Muriano y su escolta presidencial. Este punto resulta crítico, ya que durante ese lapso se emitió el Decreto Supremo N° 144-2023-EF, cuya firma ahora se pone en duda.
Cabani también afirmó que, tras recibir varias cartas notariales, la presidenta finalmente abonó en efectivo el costo de la intervención, habiéndose llevado previamente su historia clínica. La versión del médico, autorizada a declarar por el Poder Judicial, difiere sustancialmente de las explicaciones ofrecidas por Boluarte, quien había argumentado que la cirugía se realizó por motivos de salud y que no afectó su capacidad para ejercer el cargo.
Las implicaciones legales de estas revelaciones son significativas. Abogados penalistas como Gilmar Andía, Luis Vargas Valdivia y Ricardo Elías coinciden en que el testimonio de Cabani refuerza la investigación fiscal por presunto abandono del cargo y omisión de actos funcionales, abriendo la puerta a la posible adición de cargos por falsedad genérica y falsedad material. Se plantea, además, la necesidad de investigar el proceso de pago de la deuda y la autenticidad de la firma en el decreto supremo emitido durante su recuperación postoperatoria. La defensa de Boluarte, por su parte, resta importancia a las declaraciones de Cabani, argumentando que no invalidan su capacidad para ejercer funciones.
