El Poder Judicial dictó una sentencia condenatoria de siete años de pena privativa de la libertad efectiva contra Wiligrham Pasquel, tras hallarlo culpable del delito de violación sexual en grado de tentativa, cometido en agravio de una menor de edad. La condena fue obtenida por la Primera Fiscalía Provincial Corporativa de Lauricocha, a través de la fiscal adjunta Yesseth Sintia Melgarejo Narciso, quien tuvo a su cargo la sustentación del caso.
Hechos ocurridos en San Juan de Nupe
Los hechos se remontan al 30 de agosto de 2016, en el centro poblado de San Juan de Nupe, provincia de Lauricocha. De acuerdo con la investigación fiscal, el sentenciado interceptó a la menor cuando se encontraba cerca de una institución educativa, para luego llevarla hacia una quebrada, utilizando amenazas con el fin de someterla.
La situación fue advertida por la madre de la víctima, quien encontró al agresor en flagrante acto ilícito. Gracias a su oportuna intervención, el ataque no se consumó, evitando consecuencias aún más graves para la menor. Posteriormente, con el apoyo de las autoridades locales, se logró identificar y retener al agresor, dando inicio a las investigaciones correspondientes.
Pruebas y afectación a la víctima
Durante el proceso judicial, el Ministerio Público presentó pruebas testimoniales, pericias psicológicas y otros elementos de convicción, que permitieron acreditar la responsabilidad penal de Wiligrham Pasquel. Los informes periciales revelaron que la menor sufrió graves secuelas psicológicas y afectación emocional, producto del intento de agresión sexual.
El juzgado valoró la gravedad del delito, la condición de vulnerabilidad de la víctima y la conducta del acusado, concluyendo que existían suficientes elementos para emitir una sentencia condenatoria.
Reparación civil y mensaje a la comunidad
Además de la pena de cárcel efectiva, el fallo judicial dispuso que el sentenciado pague la suma de S/ 5,000 por concepto de reparación civil a favor de la agraviada, como parte del resarcimiento por el daño causado.
Con esta sentencia, el Ministerio Público reafirmó su compromiso en la lucha contra la violencia sexual y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, destacando que estos delitos son perseguidos con firmeza para evitar la impunidad.
Las autoridades exhortaron a la población a denunciar cualquier acto de violencia sexual, recordando que la intervención oportuna puede salvar vidas y proteger la integridad de los menores.
