La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) de Pasco informó que obtuvo una sentencia condenatoria de seis años de pena privativa de la libertad efectiva contra el suboficial Gianpierre Bryan DLC. P., hallado responsable del delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, en agravio del Estado peruano.
Según la tesis fiscal, los hechos ocurrieron en 2021, cuando el ahora sentenciado se desempeñaba como investigador en la oficina SEINCRI–SIAT de la comisaría PNP La Esperanza. De acuerdo con lo expuesto en el proceso, el policía habría solicitado 1.000 soles a la esposa de un ciudadano intervenido, a cambio de interceder de forma irregular en actos de investigación y evitar acciones que perjudicaran a su esposo.
Cómo se acreditó el caso Durante el juicio, la fiscal adjunta provincial Jaquelyne Milagros Criollo Díaz sustentó la acusación con medios probatorios que, según el Ministerio Público, resultaron determinantes. Entre ellos figuraron registros de llamadas telefónicas, testimonios de los involucrados y otros elementos de convicción que permitieron al tribunal concluir la responsabilidad penal del suboficial.
Para familiares de usuarios que suelen acudir a dependencias policiales por investigaciones o denuncias, casos como este generan desconfianza y temor. “Uno no sabe si lo van a ayudar o si van a pedir algo”, comentó una vecina consultada de manera referencial, al conocer el fallo.
Inhabilitación y reparación civil Además de la prisión efectiva, el Poder Judicial dispuso la inhabilitación por cinco años para ejercer función pública y ordenó el pago de 10.000 soles por reparación civil a favor de la Procuraduría Pública Anticorrupción, según lo informado. Asimismo, se dispuso su ubicación, captura y conducción al establecimiento penitenciario correspondiente.
Desde la Fiscalía se remarcó que la decisión judicial se enmarca en la política de persecución de delitos de corrupción, incluyendo aquellos que involucran a integrantes de instituciones llamadas a resguardar el orden y la legalidad. En tanto, el caso vuelve a poner en debate la necesidad de reforzar controles internos y canales de denuncia seguros para la ciudadanía.
