Un caso de corrupción que durante años afectó la atención en el Hospital de Tingo María llegó finalmente a sentencia. El Cuarto Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huánuco condenó a ocho exfuncionarios por haber permitido, facilitado y encubierto un sistema que permitió que médicos cobren doble sueldo utilizando mecanismos irregulares y empresas tercerizadoras sin control.
Según la investigación, los implicados montaron una estructura que aprovechó el sistema “15×15”, diseñado para dar descanso rotativo a médicos especializados. Sin embargo, este mecanismo fue desvirtuado: mientras los mismos doctores descansaban dentro del régimen del hospital, eran simultáneamente enviados por empresas privadas a cubrir sus propios turnos mediante contratos tercerizados, generando un doble pago con recursos del Estado.
Las contrataciones, valorizadas en más de S/ 2.2 millones, se otorgaron sin cotizaciones locales a empresas provenientes de Huancayo. Auditorías del SIS detectaron gastos sin sustento, incumplimiento de normas y la participación de empresas que ni siquiera estaban registradas en SUSALUD, pese a brindar servicios médicos en un hospital público.
El exdirector ejecutivo Carlos Hernán Picón Mestanza fue señalado como pieza central de la red: no solo autorizó las contrataciones, sino que posteriormente ingresó él mismo como médico tercerizado. La denuncia inicial fue impulsada por el sindicato del hospital, cuyos representantes alertaron sobre turnos vacíos, sobrecarga asistencial y el deterioro en la calidad del servicio. “No había médicos en emergencias, pero sí había pagos duplicados”, sostuvieron los denunciantes.
El juzgado impuso 4 años y 8 meses de pena suspendida a Picón Mestanza y a los también sentenciados E. Castro Z., J. Cárdenas, J. Cruz, E. Rojas, J. Guanilo, S. Mendieta y F. Ruiz. Asimismo, se dispuso la inhabilitación para ejercer función pública por dos años, la obligación de firmar mensualmente en el control biométrico judicial y el pago solidario de S/ 100 mil como reparación civil.
Durante el proceso, quedó acreditado que este esquema afectó gravemente la operatividad del hospital. En algunos periodos, el 80 % del personal médico participó en la modalidad irregular, dejando desatendidos servicios críticos. La sentencia representa un precedente importante para el sistema de salud regional, donde se exige ahora mayor fiscalización en contrataciones y control estricto sobre servicios tercerizados.
La población de Tingo María espera que este fallo marque el fin de una etapa de abandono institucional y que las autoridades garanticen la transparencia en el manejo de recursos destinados a la salud pública.
