El Poder Judicial impuso una sentencia de más de tres años de pena privativa de la libertad contra un ciudadano hallado responsable del delito de receptación agravada, tras comprobarse que adquirió un equipo informático que había sido sustraído durante un robo ocurrido en la ciudad de Huánuco. El fallo se logró como resultado de la intervención oportuna del Ministerio Público a través de la Unidad Piloto de Flagrancia del Distrito Fiscal de Huánuco.
De acuerdo con la resolución judicial, Marcelino Huamán fue condenado a tres años, seis meses y veintisiete días de prisión efectiva, luego de que se acreditara su responsabilidad penal en la compra de una laptop robada, con pleno conocimiento de su procedencia ilícita. El fiscal adjunto provincial Miguel Ángel Calero Morales estuvo a cargo de sustentar los elementos probatorios que permitieron alcanzar la condena.
Los hechos se remontan al 25 de noviembre del presente año, cuando una comerciante denunció la sustracción de su laptop marca Asus Vivobook, la cual fue robada del interior de su negocio ubicado en el jirón Junín, en el centro de Huánuco. Tras las diligencias iniciales, la investigación determinó que el equipo había sido adquirido por el ahora sentenciado, quien lo compró por la suma de 400 soles a un tercero identificado como Marco Morales, en un centro comercial de la ciudad.
Tres días después del robo, el 28 de noviembre, Huamán acudió de manera voluntaria a la Unidad de Flagrancia para entregar el equipo sustraído. Sin embargo, al verificarse que el bien aún se encontraba dentro del periodo de flagrancia delictiva y que existían indicios suficientes de su participación en el delito de receptación agravada, se procedió a su inmediata detención, conforme a los procedimientos establecidos por ley.
Además de la pena de cárcel, el órgano jurisdiccional dispuso que el sentenciado cumpla con el pago de una multa equivalente a 60 días, que asciende a 624 soles, así como una reparación civil de 500 soles a favor de la agraviada, como compensación por los daños ocasionados.
Este caso pone en evidencia que la compra de bienes de dudosa procedencia constituye un delito sancionado penalmente y refuerza la importancia de las acciones inmediatas en casos de flagrancia. El Ministerio Público recordó que la receptación alimenta la cadena delictiva y reiteró su compromiso de actuar con firmeza para proteger el patrimonio de los ciudadanos y garantizar una respuesta rápida frente a este tipo de ilícitos.
