La Fiscalía Provincial Penal de Amarilis obtuvo una sentencia condenatoria efectiva contra David Hermitaño, procesado por el delito de Desobediencia a la Autoridad, previsto en el artículo 368° del Código Penal, luego de incumplir reiteradamente tres medidas de protección dictadas en su contra por el Tercer Juzgado de Familia, en un caso de violencia contra la mujer.
De acuerdo con la investigación dirigida por el fiscal provincial Marco Antonio Herrera Bernedo, el sentenciado tenía pleno conocimiento de las restricciones impuestas: prohibición de acercarse a la víctima, restricción de emitir amenazas, insultos o intimidaciones, y disposición de no perturbar la tranquilidad de la agraviada. Sin embargo, pese a ello, volvió a irrumpir en el domicilio de su exconviviente el 19 de febrero de 2023, aproximadamente a las 7:00 a.m., actuando en total desacato a la autoridad judicial.
Ese día, Hermitaño ingresó al hogar de la víctima, Maribel Bonifacio, donde no solo la agredió verbalmente, sino que procedió a destruir materiales y herramientas de trabajo pertenecientes a su peluquería, generándole perjuicio económico y afectación emocional. La conducta del acusado evidenció —según refiere la Fiscalía— una clara intención de intimidar, vulnerar las medidas judiciales y persistir en un patrón de hostigamiento.
Durante la audiencia, el fiscal Herrera Bernedo sustentó que no correspondía otorgar una pena suspendida, debido al alto riesgo de reincidencia demostrado por el acusado y a su incapacidad para acatar mandatos judiciales previos. La Fiscalía argumentó que la desobediencia reiterada refleja un pronóstico negativo de conducta futura, lo cual ponía nuevamente en peligro la integridad de la agraviada.
El Juzgado Penal Unipersonal de Huánuco acogió la tesis fiscal y condenó a David Hermitaño a 3 años y 6 meses de pena privativa de la libertad efectiva, la cual fue convertida en 154 jornadas de prestación de servicios comunitarios, en estricta aplicación de los parámetros de la ley. Asimismo, el sentenciado deberá cumplir todas las reglas de conducta dispuestas, bajo apercibimiento de revocación.
Como parte de la sentencia, también se fijó una reparación civil de S/ 700, monto que fue cancelado al momento de emitirse el fallo.
La Fiscalía destacó que este resultado refuerza el compromiso institucional de proteger los derechos de las víctimas de violencia familiar y garantizar el respeto a las decisiones judiciales destinadas a salvaguardar su seguridad.
