Autoridades y pobladores de las comunidades Pucaplaya, Santa Ana y Torre Jirca (Chaglla) realizaron una protesta pacífica en la ciudad de Huánuco y revelaron que la concesión al consorcio Monte Verde se habría dado sin haberse realizado una consulta popular y ni siquiera comunicar a las comunidades afectadas sobre esta concesión de los bosques, incluidos zonas rurales.
En ese sentido, demandaron la nulidad del contrato que se otorgó al consorcio Monte Verde por 40 años. Los comuneros señalaron que la concesión compromete a más de 13 caseríos, además de instituciones educativas y un atractivo turístico inventariado por la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR) en Torre Jirca.
Los manifestantes advirtieron que esta situación vulnera los derechos adquiridos de familias que afirman trabajar en esos territorios desde hace más de cuatro décadas. En ese sentido, los comuneros amenazaron con radicalizar sus medidas de lucha, en caso el Gobierno Regional no revierta la concesión. Asimismo, exhortaron al mandatario regional a que se solidarice con las comunidades.
Denuncian exclusión
Las autoridades locales sostuvieron que ni los presidentes de los caseríos ni los representantes distritales fueron informados sobre el proceso de concesión. “Nos enteramos solo cuando la resolución ya estaba aprobada”, indicaron dirigentes comunales durante la concentración frente al Gobierno Regional de Huánuco.
Los representantes también acusaron al consorcio Monte Verde de actuar de “mala fe” y presentaron cuestionamientos sobre la validez de la documentación empleada. Según su versión, los documentos utilizados para la concesión serían irregulares, además de que la empresa habría calificado a los pobladores como “invasores”, pese a que estos aseguran residir y trabajar en la zona desde hace más de 40 años.
Pedido directo al gobernador regional
Durante la movilización, los dirigentes manifestaron que su exigencia es clara: que el gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar, emita una resolución de nulidad. Los representantes señalaron que este es un asunto de “voluntad política” y reclamaron que la autoridad regional escuche directamente a las comunidades.
Asimismo, recordaron que en la zona existen instituciones educativas con más de tres décadas de funcionamiento, así como espacios turísticos formalmente reconocidos, lo que, a su juicio, refuerza el carácter comunitario y patrimonial de los terrenos involucrados.
