Las comunidades de la provincia de Puerto Inca llegaron hasta la sede del Gobierno Regional de Huánuco para exigir que se cumplan los proyectos comprometidos en gestiones anteriores. Según informó la consejera regional Idith Jacobo Sharihua, la agenda de pedidos incluyó la electrificación rural, la construcción de infraestructura educativa y el mejoramiento de vías en tramos como Bello Horizonte y Yuyapichis. La representante sostuvo que los dirigentes decidieron movilizarse hasta Huánuco debido a la falta de avances en obras que consideran urgentes para sus pueblos.
Jacobo Sharihua explicó que, tras la reunión con el gobernador Antonio Pulgar y su equipo técnico, se firmó un acta de compromiso con fechas para priorizar la ejecución de los proyectos. La consejera destacó que la comunidad de Huacamayo, Santa Isabel y San Juan de Pachitea estuvo entre las delegaciones participantes. Además, recalcó que la electrificación rural es el pedido más insistente de la población, ya que —según afirmó— muchas familias continúan viviendo sin acceso a energía eléctrica en zonas de selva.
Alcalde de Yuyapichis respalda el reclamo ciudadano
De acuerdo con la consejera, el alcalde de Yuyapichis acompañó a las comunidades en el traslado y participó en la mesa de trabajo instalada en el Gobierno Regional. Jacobo Sharihua señaló que el burgomaestre apoyó las gestiones porque era necesario “conversar directamente con el gobernador y sus técnicos” para encontrar soluciones a los problemas de infraestructura.
Respecto al financiamiento, la consejera declaró que los técnicos regionales informaron sobre un presupuesto de un millón doscientos mil soles destinado a la electrificación rural, aunque reconoció que otros proyectos aún no cuentan con cifras definidas. También admitió que hubo falencias técnicas en expedientes anteriores, pero aseguró que fueron subsanadas para viabilizar las obras.
Consultada sobre la demora en los proyectos, Jacobo Sharihua atribuyó el retraso a la falta de recursos. No obstante, indicó que el gobernador habría manifestado la disposición de iniciar la ejecución a partir de enero o febrero, siempre que los presupuestos estén asegurados.
