Una nueva reprogramación judicial ha reavivado el malestar entre los comuneros de San Pablo de Pillao, quienes denuncian haber sido desplazados de sus tierras desde agosto de 2023.
La Tercera Fiscalía Corporativa de Huánuco ha fijado para el próximo 10 de septiembre la diligencia en la que el perito judicial deberá constatar la zona en disputa y emitir su informe técnico sobre la ocupación del predio, paso clave para que el Poder Judicial determine una posible orden de desalojo.
El anuncio fue realizado por Iván Ponce Albines, presidente de la comunidad campesina de Pillao, quien aseguró que más de 100 familias llevan más de un año sin poder regresar a sus parcelas, mientras el proceso judicial continúa aplazándose.
De acuerdo con sus declaraciones, la reciente postergación de la diligencia se habría debido a que el fiscal encargado del caso no notificó oportunamente al perito, hecho que impidió la ejecución del procedimiento previsto.
“La población está frustrada. Esto no es la primera vez que sucede. Nosotros cumplimos con movilizar incluso al Ministerio Público, pero siempre hay una excusa más”, indicó Ponce durante una reunión comunal, donde se exhibió también el acta de una asamblea en la que se manifiesta el descontento colectivo.
Exigen celeridad judicial
Según el presidente comunal, las tierras en cuestión se encuentran en los sectores de Nueva Libertad y Villa Paraíso, y pertenecen —según afirmó— legalmente a la comunidad, que contaría con títulos de propiedad formal.
Ponce señaló que, desde la supuesta invasión ocurrida en agosto del año pasado, cerca de 100 comuneros han debido alojarse en casas de vecinos o familiares, ante la imposibilidad de recuperar sus predios.
Comunidad advierte da ultimátum
Uno de los puntos más delicados del pronunciamiento comunal es el contenido de un acta firmada por varios miembros de la comunidad, en la que se expresa la intención de retomar las tierras por cuenta propia, sin esperar la intervención de la Policía ni del Poder Judicial.
La medida fue inicialmente propuesta para los días 22 y 23 de agosto, pero no se ejecutó tras la negativa del presidente de la comunidad de otorgar su aval.
“No podemos ir sin garantías, sería exponer a los comuneros a agresiones o algo peor. Pero si esto se sigue aplazando, el control sobre la población se debilita”, expresó Ponce, quien también manifestó que, ante una comunidad de más de 10,000 personas, evitar un desborde podría quedar fuera de su alcance si no hay respuesta institucional.
Apoyo a fiscales
La comunidad sostiene que ha apoyado con logística al proceso judicial, incluyendo el traslado de fiscales y personal del Ministerio Público en camionetas financiadas por la propia organización comunal, lo que ha generado un gasto aproximado de mil soles por viaje. Ponce aseguró que estos esfuerzos no han sido retribuidos con avances concretos del sistema de justicia.
“El pueblo está cumpliendo más que las autoridades. Pero si esto sigue aplazándose, ya no puedo hacerme responsable de lo que pueda pasar”, declaró.
El dirigente reiteró que, hasta el momento, la comunidad se ha mantenido dentro del marco legal, pero que ya no está en condiciones de seguir conteniendo la presión interna. “He puesto todo esto por escrito en un informe que envié a las autoridades. Ahora son ellas quienes deben asumir la responsabilidad de lo que pueda suceder”, afirmó.
El dato
De concretarse el peritaje judicial programado para el 10 de septiembre, el informe técnico permitiría —según indicó Ponce— avanzar con una eventual resolución de desalojo, lo cual abriría la posibilidad de solicitar garantías a la Policía Nacional para retomar las tierras en disputa. El proceso está actualmente a cargo de la Tercera Fiscalía Corporativa de Huánuco.
