Decenas de pobladores del centro poblado Llicllatambo, en la provincia de Yarowilca, se movilizaron hasta la sede del Ministerio Público en Huánuco para exigir que no se archive una denuncia por presunta apropiación ilícita de fondos comunales. La protesta fue encabezada por representantes de las comunidades campesinas de San Agustín, Chuntarragra y Putipuquio.
Rómulo Gómez Valdivia, presidente de los residentes de Llicllatambo, denunció que el expresidente comunal Emilio Robles Huayanay y el tesorero Julio Rojas Gómez se habrían apropiado indebidamente de S/828 mil destinados a compensaciones por afectaciones viales en el marco del proyecto carretero Huánuco – La Unión – Huallanca.
El dirigente aseguró que las rendiciones de cuentas presentadas se hicieron con documentos sin validez legal, como hojas sueltas, cuadernos escolares y proformas no sustentadas. Además, sostuvo que la obra ejecutada no contó con expediente técnico ni autorización de la municipalidad ni de la comunidad campesina.
Dirigente acusa a fiscales de archivar denuncia pese a evidencias documentadas
Durante su pronunciamiento, Gómez afirmó que el caso fue archivado por la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Yarowilca, a cargo del fiscal Rolando Valdivia Valderrabo, sin que se haya valorado adecuadamente la documentación presentada. “Hay delitos evidentes de apropiación ilícita y falsedad genérica, pero el caso fue cerrado sin investigar”, expresó.
También responsabilizó a la fiscal superior Jennifer Callupe Córdoba, a quien acusó de negarse a recibir su denuncia y de restringir el acceso al expediente fiscal. “No solo no nos atiende, sino que nos grita y nos impide leer los documentos, como si no tuviéramos derecho”, declaró.
El dirigente señaló que desde hace meses buscan transparencia en el manejo del caso, pero que no han recibido respuestas concretas. “No estamos pidiendo favores, estamos exigiendo justicia”, enfatizó.
Pobladores denuncian encubrimiento y exigen acción de Control Interno del Ministerio Público
Los manifestantes también denunciaron una supuesta estrategia de encubrimiento institucional. Portando carteles con frases como “Fiscalía protege a corruptos” y “No al archivo de la corrupción”, exigieron la intervención de la Fiscalía Superior de Control Interno para revisar el accionar de los fiscales involucrados.
Vecinos y dirigentes comunales expresaron que no se les ha permitido acceder a los expedientes ni conocer el estado actual de las investigaciones. “Están manejando todo en secreto y a espaldas del pueblo”, señaló una de las manifestantes.
Afirmaron además que el archivo del caso no solo lesiona la confianza en las instituciones, sino que deja sin castigo un presunto acto de corrupción que afecta directamente a las comunidades.
Exigen reapertura del caso y sanción para responsables
La protesta culminó con un pronunciamiento conjunto de los representantes comunales, quienes exigieron la reapertura inmediata del caso, una investigación imparcial y la sanción para los responsables del presunto desfalco.
“Esto no es solo un reclamo por dinero; es una defensa del respeto que merecen nuestras comunidades”, expresó Gómez. Además, anunció que de no recibir una respuesta formal, se convocarán nuevas acciones de protesta.
