El juez Rolando Bustillos Cuba, titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de Ambo ha emitido la Resolución N° 39, mediante la cual ordena el desalojo y administración preventiva del fundo Santa Ana, anexos Matibamba y Shocosh de 52.7 hectáreas, bajo el supuesto que es propiedad de Beatriz Leonor López Benavides, lo que es una falsedad absoluta, informó Alfonso Luciano Almerco, presidente de la comunidad campesina San Ramón de Mantacocha, en el distrito de Huácar.
La resolución judicial a ejecutar mañana 1 de agosto a partir de las 10:00 horas, tiene como motivación principal, una supuesta usurpación que habrían cometido los comuneros en la ocupación, posesión y propiedad del terreno.
Al respecto, afirmó que la comunidad campesina obtuvo reconocimiento legal en 1991, al posesionarse del terreno sin oposición alguna, lo que motivó que la Dirección Regional de Agricultura otorgue el reconocimiento oficial. Posteriormente, en 1999 iniciaron los trámites para la titulación, lo que lograron en el año 2000 y fue asentado en la Oficina de Registros Públicos que extendió el correspondiente registro que oficializó su propiedad, previa publicación en el diario judicial, sin que ninguna persona natural o jurídica interpusiera recurso impugnatorio alguno.
Traslado
Pasaron los años de residencia en la zona de Mantacocha, hasta que en 2013 las torrenciales lluvias que se produjeron en la zona revelaron fallas geológicas con deslizamientos de tierra, ante lo cual Defensa Civil ordenó su reubicación en otro lugar que resultó ser Matibamba, dentro de las 692 hectáreas de propiedad de la comunidad.
Lo sorprendente llegó después con la aparición de la supuesta propietaria Beatriz López, quien en 2015 lo inscribió como su propiedad apoyada por los comuneros que residían anteriormente antes de ser reubicados en otra zona por el traslado de toda la comunidad, quienes extendieron recibos fraguados de supuesto pago de alquiler desde el año 2008 hacia la supuesta propietaria, lo que sorprendentemente fue aceptado por el juez como si fuesen verdaderos.
Escolares
La decisión judicial de desalojo incluye el área donde se construyó la Institución Educativa n.° 032179, donde estudian 25 alumnos de primaria y del Pronoei, que podrían ser los primeros afectados con la intervención policial solicitada por el Juzgado de Ambo. Señaló que los pobladores están decididos a hacer frente a la intervención policial que podría usar bombas lacrimógenas y armas de fuego, así como tractores que tienen previsto para derruir sus casas.
