La compra de un inmueble representa para muchos peruanos la culminación de un anhelo y una inversión significativa. Sin embargo, la experiencia puede tornarse agria cuando la propiedad entregada no coincide con lo prometido, generando frustración y la sensación de haber sido engañado. Los reclamos inmobiliarios han ido en aumento, impulsados por la creciente oferta de proyectos y, lamentablemente, por prácticas comerciales que no siempre cumplen con las expectativas del consumidor.
Según la investigación publicada por El Comercio, desde acabados de baja calidad hasta diferencias en el metraje, los compradores se enfrentan a una serie de problemas al recibir su nuevo hogar. Esta situación, que puede empañar el sueño de la vivienda propia, plantea interrogantes sobre los derechos del consumidor y los mecanismos disponibles para hacer frente a estas irregularidades.
En este contexto, Daniel Robles Ibazeta, abogado y socio de Robles Ibazeta Consultores, aclara que no existe una ruta obligatoria preestablecida para ejercer el derecho a reclamo. Los compradores tienen la opción de presentar sus quejas directamente a la inmobiliaria, recurrir a Indecopi para solicitar su mediación en un proceso administrativo, o incluso iniciar acciones legales por la vía judicial. Sin embargo, Robles Ibazeta recomienda priorizar la conciliación con la empresa constructora como primera alternativa para resolver el conflicto.
Por su parte, Edgar Ramírez, abogado civil y asociado senior del Estudio Linares Abogados, subraya que si el inmueble entregado presenta divergencias significativas respecto a la publicidad y/o la oferta original, el comprador no solo tiene derecho a reclamar, sino que, en ciertos casos, puede solicitar la anulación del contrato y la devolución del dinero, amparándose en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Ramírez puntualiza que esta opción es viable en situaciones como la existencia de áreas o características distintas a las ofertadas, la ausencia de áreas comunes prometidas, o la presencia de cargas o gravámenes no informados previamente.
Con respecto a la revisión del inmueble previo a la entrega, Robles explica que el Código de Protección y Defensa del Consumidor otorga una garantía legal de 10 años para aspectos estructurales del inmueble, brindando una protección adicional a los consumidores. La vulneración de este código puede acarrear sanciones para el proveedor, que van desde una amonestación hasta una multa de 450 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Además, los compradores pueden solicitar medidas correctivas, como la reparación de los defectos encontrados o incluso el reembolso, si estos defectos comprometen la habitabilidad del inmueble.
En la misma línea, Patricio Barrón, gerente general adjunto de Aurora Grupo Inmobiliario, destaca que su empresa incluye cláusulas que permiten realizar modificaciones menores cuando son recomendadas por especialistas o proyectistas. Asimismo, enfatiza que llevan a cabo revisiones exhaustivas de los departamentos antes de la entrega, con el objetivo de prevenir quejas o reclamos ante Indecopi. Bryan Meza, gerente general adjunto de Inmobiliaria Binda, asegura que en caso de cambios sustanciales, la inmobiliaria debe comunicar al comprador, invitándolo a expresar su conformidad o a explorar alternativas. Ambos coinciden en la necesidad de reforzar la atención post venta y gestionar los reclamos de manera estructurada, incluyendo la recepción formal, la inspección técnica y la elaboración de un plan de acción.
