La controversia rodea la restitución de Patricia Benavides como Fiscal de la Nación, generando diversas reacciones en el Congreso. La Fiscalía, una institución clave en la administración de justicia, se encuentra nuevamente en el centro del debate político tras la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Según la investigación publicada por El Comercio, congresistas de diversas bancadas políticas han expresado sus opiniones sobre la decisión de la JNJ de restituir a Patricia Benavides en el cargo de Fiscal de la Nación.
Patricia Juárez, primera vicepresidenta del Poder Legislativo y miembro de Fuerza Popular, manifestó que, a pesar de la restitución de Benavides, las acusaciones constitucionales pendientes en el Congreso seguirán su curso regular en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Juárez enfatizó la importancia de que tanto los funcionarios públicos como la ciudadanía en general acaten las resoluciones judiciales y las leyes, instando al Ministerio Público a reivindicar su labor y actuar conforme a la legalidad.
Luis Aragón, congresista de Acción Popular, expresó su sorpresa ante la resolución de la JNJ, señalando que la decisión anula una determinación previa de la misma institución. Aragón reconoció que, si bien se debe respetar el Estado de derecho, la decisión resulta particularmente llamativa dada la existencia de condiciones previas para el proceso de destitución que se había formulado meses atrás. Es importante recordar que la JNJ tiene la facultad de nombrar, ratificar y destituir a jueces y fiscales de todos los niveles.
Por su parte, Karol Paredes, congresista de Avanza País, adoptó una postura más cautelosa, limitándose a indicar que la decisión a favor de Patricia Benavides debe ser acatada, respetando así la autonomía e independencia de la JNJ. La JNJ ha estado en el ojo de la tormenta en los últimos meses, enfrentando acusaciones de parcialidad y falta de transparencia, lo que añade un contexto de tensión a esta decisión.
En contraste, Jaime Quito, de la Bancada Socialista, utilizó sus redes sociales para criticar duramente la decisión de la JNJ, argumentando que se produce “pese a todas las evidencias”. Quito acusó a la derecha de estar ejecutando un plan para tomar control de las instituciones, llamando a una respuesta contundente por parte de la sociedad organizada. Este pronunciamiento refleja la polarización política que rodea el caso.
Flor Pablo, congresista no agrupada, también se sumó a las críticas, acusando a la JNJ de actuar “en favor de la alianza gobernante” al restituir a Patricia Benavides. Pablo lamentó que “la impunidad se impone por encima de la justicia y la democracia”, evidenciando la desconfianza que algunos sectores políticos tienen hacia la JNJ y su accionar. La controversia en torno a la figura de Benavides se suma a la ya existente crisis de confianza en las instituciones del Estado.
