La política exterior de Estados Unidos, bajo la segunda administración Trump, ha experimentado un giro inesperado al priorizar la situación de los agricultores blancos sudafricanos. Esta decisión, que algunos califican de controvertida, se produce en un contexto de crecientes tensiones raciales y políticas en Sudáfrica, país que aún lucha por superar el legado del apartheid y las desigualdades económicas persistentes.
Según la investigación publicada por The New York Times, la atención del presidente Trump hacia este colectivo se remonta a mayo de 2019, durante una reunión en la Sala de Crisis sobre Irán, cuando abruptamente desvió la conversación hacia la posibilidad de conceder asilo y ciudadanía a los agricultores blancos sudafricanos.
John R. Bolton, quien fuera asesor de seguridad nacional en aquel momento, relata que Trump ya había mencionado la idea previamente, argumentando que los agricultores constituían un grupo minoritario perseguido y desplazado de sus tierras. Bolton minimizó la preocupación inicial, atribuyéndola a las inclinaciones del presidente por «ideas marginales y narrativas falsas» promovidas por activistas afrikáneres blancos. Sin embargo, lo que en su momento pareció una ocurrencia aislada, ha derivado en una política concreta.
En febrero, Trump firmó una orden ejecutiva deteniendo toda la ayuda extranjera a Sudáfrica, alegando que su gobierno había incurrido en «discriminación basada en la raza». La administración también expulsó al embajador sudafricano después de que éste criticara a Trump por apelar al resentimiento de los blancos en Estados Unidos. Esta escalada diplomática ha puesto de manifiesto una creciente divergencia entre ambos países.
La influencia de figuras como Elon Musk, quien ha propagado afirmaciones infundadas sobre un «genocidio de blancos» en Sudáfrica, así como la presencia de asesores conservadores de línea dura que promueven una agenda centrada en la «victimización blanca», han contribuido a esta postura. El Secretario de Estado Marco Rubio, considerado un leal a Trump, ha respaldado estas iniciativas, convirtiendo impulsos presidenciales en políticas oficiales.
A pesar de que las estadísticas policiales sudafricanas indican que los asesinatos de granjeros, incluidos los blancos, representan un porcentaje mínimo de todos los homicidios en el país (0.2% según un informe del Departamento de Estado durante la primera administración Trump), la narrativa de una «persecución» ha calado en ciertos círculos políticos estadounidenses. Esta visión ignora el contexto histórico de la propiedad de la tierra en Sudáfrica, donde la población blanca, que representa solo el 7% de la población total, aún posee aproximadamente la mitad de la superficie agrícola.
La administración Trump ha justificado su política migratoria preferencial hacia los afrikáneres argumentando que cumplen con los criterios de asimilación y seguridad nacional. Christopher Landau, subsecretario de Estado, declaró que se busca asegurar que los refugiados «no representen ningún desafío a nuestra seguridad nacional» y que puedan «asimilarse fácilmente» a la sociedad estadounidense. Esta justificación ha generado controversia, especialmente en comparación con el trato dispensado a refugiados de otras nacionalidades, incluyendo aquellos que colaboraron con las fuerzas estadounidenses en Afganistán.
