La seguridad ciudadana se ha convertido en una prioridad urgente en la agenda nacional, impulsada por un incremento alarmante en los índices de criminalidad. La compleja situación ha generado una intensa actividad gubernamental y legislativa, evidenciada en el reciente paro de transportistas, la convocatoria del Consejo de Ministros y el debate en el Congreso sobre propuestas de seguridad. El contexto socioeconómico, marcado por la inflación y el desempleo, ha exacerbado la percepción de inseguridad entre los ciudadanos.
Según la investigación publicada por El Comercio, la intensa jornada del último jueves se centró en el avance de la criminalidad en el país, con un paro multitudinario de transportistas, sesión del Consejo de Ministros, un nuevo Cuarto de Guerra del Ejecutivo y debate en el Pleno del Congreso sobre propuestas referidas a seguridad ciudadana.
El Congreso ha dado luz verde a un conjunto de medidas, destacando la aprobación de la “Ley que establece medidas para la lucha efectiva contra la criminalidad a fin de garantizar la seguridad ciudadana”. Esta legislación, fruto de la unificación de varios proyectos (7567/2023-CR, 10044/2024, 10189/2024-CR y 10266/2024-CR), fue respaldada por 86 legisladores y exonerada de una segunda votación con 81 votos a favor, evidenciando un amplio consenso parlamentario ante la crisis de seguridad.
La nueva ley busca modernizar y fortalecer operativamente a la Policía Nacional del Perú (PNP), asignándole mayores recursos para enfrentar eficazmente la criminalidad. El objetivo central es optimizar el uso de los recursos públicos, agilizar los procesos operativos y priorizar la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía, todo ello bajo un enfoque de resultados medibles y una coordinación multisectorial. La norma establece una vigencia de 180 días calendario desde su entrada en vigor, lo que sugiere una visión de corto plazo para abordar la problemática.
Un punto crucial es la exoneración de normas presupuestales para optimizar la gestión en el Ministerio del Interior (Mininter). Esto permitirá una mayor flexibilidad en las gestiones logísticas y presupuestales en favor de la PNP, facilitando una respuesta más ágil ante el estado de emergencia decretado por la inseguridad ciudadana. Las modificaciones presupuestarias se enfocarán en el Programa Presupuestal 0030 “Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana”, demostrando una priorización de las acciones contra la delincuencia.
En materia de contrataciones del Estado, la ley autoriza la intervención inmediata del Mininter, así como de los gobiernos regionales y locales, para adquirir bienes y servicios sin los procesos administrativos ordinarios. Estas contrataciones, destinadas a ejecutar acciones urgentes contra la inseguridad, estarán sujetas al control concurrente de la Contraloría General de la República, buscando garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos. Además, se autoriza el otorgamiento de un incentivo económico para el personal policial que preste servicios de patrullaje a pie, patrullaje motorizado y operaciones focalizadas, medida que busca reconocer y motivar la labor policial en la lucha contra la delincuencia.
Adicionalmente, se autoriza a los gobiernos regionales y locales a realizar transferencias financieras al Mininter para financiar productos, actividades y proyectos del Programa Presupuestal 0030. Estas transferencias deberán ser aprobadas mediante convenios y acuerdos de concejo municipal o regional, los cuales serán publicados en el Diario Oficial El Peruano, garantizando la transparencia en la asignación de los recursos. El Mininter y la PNP tendrán un plazo de 90 días hábiles para evaluar la situación actual del sector y proponer una reestructuración de ambas instituciones, lo que implica un proceso de análisis y rediseño de las estrategias de seguridad ciudadana.
