Manual para no seguir tumbando el árbol cada cinco años
Por Mg. Wily M. Alvarez Pasquel
En Huánuco, el carnaval no se entiende sin la yunza: se planta el árbol, se adorna con regalos, globos y serpentinas, y todos giran a su alrededor entre música, risas y brindis, celebrando mientras, vuelta tras vuelta, cada participante le da un machetazo al tronco como parte del juego, sin pensar que en algún momento ya no va a resistir; hasta que cae, y lo que era orden y fiesta se convierte en empujones, carreras y manos que arrancan lo último que queda colgado, dejando al final un árbol tirado, pelado y abandonado, como si nunca hubiera sido el centro de la alegría colectiva. Algo muy parecido viene ocurriendo con la forma en que estamos gobernando el país.
Llevamos años viviendo en un carnaval político permanente. Presidentes que entran con discurso de salvadores y salen por la puerta trasera, congresos que prometen fiscalizar y terminan compitiendo por quién genera la próxima crisis, autoridades que descubren el peso del cargo cuando ya están sentadas en él. Y el país, mientras tanto, mirando el desfile como espectador… hasta que toca pagar la cuenta.
Desde 2011 hasta hoy, el Perú ha tenido nueve presidentes distintos en menos de quince años; no es un dato estadístico frío, es la evidencia de que gobernar en el Perú se ha convertido en un deporte de alto riesgo, con una rotación tan vertiginosa como la reina del carnaval sobre la carroza principal.
Una de las causas más claras de este fenómeno es la forma en que se ha distorsionado la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. La gobernabilidad no es posible cuando el presidente no cuenta con una mayoría estable en el Congreso que le permita dialogar, negociar y sacar adelante las políticas para las que fue elegido. Sin acuerdos mínimos, el control político se deforma y se convierte en amenaza permanente. Así, lo que debería ser fiscalización responsable termina pareciéndose más a una competencia por ver quién provoca primero la siguiente crisis.
Aquí no gana quien tiene un plan de gobierno coherente, sino quien resiste más tiempo sin caer en una vacancia, una censura o una interpelación. La agenda pública ya no gira en torno a reformas, crecimiento o servicios básicos, sino a titulares políticos semanales. No hay políticas de largo plazo porque nadie sabe si llegará al mediano.
A eso le llamamos, con elegante tecnicismo, ingobernabilidad. Que no es otra cosa que elegir autoridades sin condiciones reales para gobernar y luego sorprendernos de que no gobiernen. Es como contratar a alguien para que construya una casa… y quitarle los ladrillos cada vez que empieza a levantar una pared.
La gobernabilidad no es un favor al presidente de turno, ni un cheque en blanco, ni un silencio cómplice del Congreso. Es algo mucho más simple —y al parecer mucho más escaso—: la posibilidad real de que un gobierno elegido pueda implementar lo que ofreció, dentro de la Constitución, con estabilidad política suficiente para que las decisiones no duren menos que un ciclo de noticias.
Pero aquí hemos normalizado lo contrario. Elegimos presidentes sin respaldo parlamentario y congresos sin responsabilidad de gobierno. Fragmentamos el poder, debilitamos las mayorías y luego exigimos resultados como si hubiéramos votado por la estabilidad. Queremos cambios profundos con autoridades que viven pendientes de si mañana amanecen en el cargo.
Y no, esto no se resuelve solo con “mejores personas” —aunque ayudaría bastante—, sino con mejores decisiones ciudadanas. La gobernabilidad también se vota. Se construye cuando pensamos no sólo en quién habla más bonito en campaña, sino en quién puede formar equipos, tender puentes políticos y construir mayorías que permitan gobernar. Se construye cuando entendemos que Ejecutivo y Congreso no son equipos rivales, sino partes del mismo engranaje del Estado.
Eso no significa convertir al Congreso en alfombra ni al presidente en intocable. El control es parte de la democracia. Pero una cosa es fiscalizar y otra es sabotear por deporte. Una cosa es equilibrio de poderes y otra es competencia por ver quién empuja primero al otro del escenario. Cuando el Legislativo solo bloquea y el Ejecutivo solo resiste, nadie gobierna. Y cuando nadie gobierna, el que pierde no es el político: es el ciudadano que sigue esperando agua, salud, carreteras y seguridad.
También implica algo que solemos olvidar: quien asume la Presidencia ya no es el candidato de campaña ni el ciudadano común. El cargo cambia la dimensión de cada acto, cada decisión y cada gesto. Gobernar un país no es una extensión de la vida privada ni un espacio para ocurrencias. Es una responsabilidad histórica que exige altura, prudencia y sentido de Estado. No se trata de formalismos vacíos, sino de comprender que el poder público no es un terreno para la improvisación permanente.
Si queremos dejar de tumbar el árbol cada cinco años, la tarea empieza mucho antes de que alguien jure en el Congreso. Empieza cuando votamos. Cuando dejamos de premiar la rabia, la ocurrencia o el “a ver qué pasa”, y comenzamos a exigir capacidad, equipos y viabilidad política. Cuando entendemos que elegir Ejecutivo y Legislativo no son decisiones aisladas, sino partes del mismo rompecabezas.
La gobernabilidad no se construye en discursos, ni en marchas, ni en mesas de diálogo de emergencia. Se construye antes: en la urna. Con voto responsable, con memoria y con la conciencia de que un país no puede seguir girando alrededor del poder entre aplausos y machetazos. Porque cada vez que el árbol cae, no solo se termina la fiesta: también nos quedamos, como ese tronco vacío y abandonado tras la yunza, preguntándonos qué fue lo que salió mal. Todo está escrito; lo que falta es recordarlo.
