La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó solicitar al Pleno facultades especiales para investigar al presidente José Jerí en el marco del denominado caso “Chifagate”. La decisión fue adoptada con 8 votos a favor y 2 en contra, estos últimos correspondientes a las congresistas de Somos Perú, Ana Zegarra y Elizabeth Medina.
De ser ratificado por el Pleno, el grupo parlamentario asumirá funciones de comisión investigadora, lo que le permitirá levantar el secreto bancario y tributario, así como citar a funcionarios y particulares bajo apercibimiento, ampliando significativamente su capacidad de indagación.
La votación se realizó sin intervenciones previas de los legisladores. El acuerdo será elevado al Pleno cuando el Congreso retome sus actividades tras el receso parlamentario.
El pedido se sustenta en un informe preliminar que advierte presuntas irregularidades relacionadas con reuniones no consignadas en la agenda oficial del mandatario, así como posibles gestiones de intereses no declaradas y contradicciones en las versiones ofrecidas por el propio Jerí luego de que el caso se hiciera público.
El informe que respalda la solicitud de facultades investigadoras centra parte de su análisis en una reunión realizada el 26 de diciembre de 2025 en un restaurante del distrito de San Borja. Según la comisión, dicho encuentro no fue consignado en la agenda oficial del presidente ni figura en el registro de visitas del Estado.
Para el grupo parlamentario, esta omisión podría vulnerar las normas de transparencia que regulan la actuación de altos funcionarios.
Otro episodio bajo revisión ocurrió el 6 de enero, cuando el mandatario acudió al establecimiento Market Capón, en el Centro de Lima. El local había sido clausurado horas antes por la municipalidad y reabrió días después. La explicación oficial indicó que la visita respondió a la compra de productos importados; sin embargo, la comisión considera que el contexto amerita un mayor esclarecimiento.
El caso también involucra reuniones en Palacio de Gobierno con empresarios de capital chino. Entre los nombres mencionados figura Ji Wu Xiaodong, quien enfrenta una investigación fiscal por presunta organización criminal vinculada al tráfico ilegal de madera en Madre de Dios. Pese a contar con mandato de arresto domiciliario, ingresó a la sede del Ejecutivo, hecho que la comisión califica como relevante dentro del análisis.
Además de las reuniones cuestionadas, el informe preliminar advierte posibles infracciones a la Ley de Gestión de Intereses y al Código de Ética de la Función Pública. Según el documento, cualquier encuentro en el que se aborden asuntos con impacto económico o administrativo debe quedar debidamente registrado en los sistemas oficiales.
