La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó el dictamen que reúne proyectos de ley para congelar el pago de créditos en el sistema financiero por tres meses. Esto se dio con ocho votos a favor y una abstención.
De esta manera, el proyecto de ley sufrió algunos cambios con respecto a la propuesta inicial que planteaba el congelamiento en el pago de las deudas por cuatro meses. Además, se excluyó de la medida a los créditos dados por las cajas municipales, cajas rurales, microfinancieras (EDPYME) y cooperativas.
Otro cambio respecto a la propuesta inicial es que se excluyen de ser beneficiarios a los trabajadores con rentas de quinta categoría que se encuentren en planilla y que mantengan su condición laboral igual al día anterior al 15 de marzo, fecha en que publicó el decreto supremo que declaró el Estado de Emergencia Nacional.
Detalle de la medida
La iniciativa legislativa establece un periodo de gracia por 90 días calendario. “Este periodo de gracia comprende el no pago de capital, intereses compensatorios, interés moratorio y cualquier tipo de penalidad, comisión o gasto. El saldo de la deuda podrá ser refinanciada entre cinco años a más, según las disposiciones reglamentarias que emita la SBS”, señala el texto del documento.
Por otra parte, se prohíbe expresamente el incremento de la tasa de interés compensatoria previamente pactada en el contrato original. “Dicha tasa podrá reducirse y los plazos ampliarse de común acuerdo entre las partes o a través de las Subastas u Operaciones de Reporte de Reprogramaciones de Carteras de Créditos que aplique el Banco Central de Reserva del Perú”, subraya el proyecto de ley.
La reprogramación en el pago de créditos propuesto incluye a las obligaciones de los productos de créditos de consumo y personales, todo tipo de tarjeta de crédito que permita la disponibilidad de efectivo o compra de producto o servicio, préstamo revolvente y no revolvente, crédito vehicular e hipotecario para vivienda; en condición de vigente, refinanciado, reestructurado, atrasado e incluso a las cartera de crédito comprada por otra entidad financiera “sin tomar en cuenta la calificación financiera del deudor o que haya sido reportado a central de riesgo pública o privada”, señala el proyecto.
Cabe anotar que a la sesión había sido invitada María Antonieta Alva, ministra de Economía, para sustentar su posición sobre la iniciativa legislativa, pero se excusó de asistir señalando que ya tenía otros compromisos pactados.
