La alcaldesa del centro poblado de Colpa Baja, Treyci Barrueta, instó al alcalde provincial de Huánuco, Antonio Jara, a disponer el levantamiento de la suspensión de los artículos 8 y 9 de una ordenanza municipal, al advertir que dicha medida estaría recortando funciones esenciales de su gestión. Según sostuvo, la disposición estaría limitando facultades administrativas, económicas, tributarias y de servicios, lo que —en su versión— afecta la capacidad del centro poblado para administrar recursos y cumplir con su planificación.
Barrueta remarcó que el pedido se encuentra en trámite desde mayo. De acuerdo con sus declaraciones, su municipalidad presentó formalmente la solicitud y adjuntó los instrumentos de gestión exigidos por la ordenanza para levantar la suspensión. La alcaldesa afirmó que dichos documentos ya habrían sido evaluados y que, incluso, en la gestión anterior se habría señalado que el expediente debía estar listo para la fecha en que acudieron nuevamente a solicitar avances.
La autoridad señaló además que Colpa Baja cumpliría con sus obligaciones de control y transparencia. En ese sentido, sostuvo que realizan rendición mensual y que cuentan con planes de trabajo concluidos, los cuales —según indicó— permitirían ejecutar acciones y servicios, siempre que se restablezcan las delegaciones suspendidas.
Dictamen firmado, pero un regidor no define postura y se reabre la revisión
En el componente político, Barrueta afirmó que el expediente ya sería conocido por el concejo. Según su versión, los regidores Jim y Arteaga habrían verificado la entrega de la documentación y firmado un dictamen relacionado con el levantamiento de la suspensión. Sin embargo, indicó que el regidor Sholl no habría definido su posición, al no firmar ni expresar voto a favor o en contra, lo que —según sostuvo— mantiene el tema entrampado.
De acuerdo con lo declarado por la alcaldesa, esta falta de definición habría derivado en un nuevo envío del expediente a asesoría jurídica. Barrueta señaló que Sholl habría pedido una reevaluación del caso, pese a que —según su relato— el trámite ya debía estar encaminado para someterse a decisión en sesión de concejo.
En diálogo con el periodista, la autoridad insistió en que “todos los regidores tenían conocimiento” del tema y que la información habría sido comunicada internamente por secretaría. Aun así, afirmó que la sesión en la que se esperaba votar el caso no se concretó como estaba previsto, y que ahora se les habría planteado esperar una siguiente sesión ordinaria, situación que interpretó como una postergación injustificada.
“No está, se perdió y luego aparece”: denuncian idas y vueltas con el expediente
El punto más delicado de la denuncia pública se centró en el paradero del expediente. Barrueta afirmó que al hacer seguimiento recibió versiones contradictorias sobre dónde se encontraba el documento. Según relató, primero les indicaron que estaba en asesoría jurídica (cuarto piso) y que el documento “ya estaba en sesión de consejo”; luego, al acudir al área correspondiente, aseguró que no lo hallaron.
La alcaldesa sostuvo que el recorrido continuó por secretaría (segundo piso), donde —según dijo— también se les afirmó que el expediente estaba “en sesión de consejo”. Sin embargo, indicó que al reclamar por la ausencia del documento, recibió otra explicación: que el expediente habría sido retirado. En su narración, este tránsito de respuestas alimenta su sospecha de que existirían trabas administrativas para evitar que el caso avance.
Barrueta señaló que, desde su perspectiva, el expediente “aparece y desaparece”, y que en un momento incluso se habría mencionado que “se perdió” antes de reaparecer. La autoridad local consideró que esta situación no solo retrasa el trámite, sino que genera incertidumbre sobre cómo se custodian documentos oficiales que afectan directamente la operatividad del centro poblado.
“Se lo llevaron a su casa”: cuestionan revisión externa y piden claridad sobre procedimientos
Otro elemento que elevó la controversia fue la referencia a una abogada identificada por la alcaldesa como la “doctora Lucía”. Según Barrueta, desde una oficina municipal le informaron que se trataría de una profesional “de fuera” que habría retirado el expediente para revisarlo en un presunto esquema de trabajo remoto. La alcaldesa cuestionó si ese procedimiento estaría permitido y recalcó que —según su entendimiento— solo deberían circular copias, no el expediente.
La autoridad sostuvo que esta versión refuerza sus dudas sobre el proceso y pidió que se aclare quién autorizó el retiro y por qué el expediente no se encontraba disponible cuando se esperaba su tratamiento en sesión. En esa línea, reiteró que la prioridad es que se levante la suspensión de los artículos cuestionados, a fin de recuperar las facultades que —según aseguró— permitirían ejecutar planes y gestionar servicios para la población.
Finalmente, Barrueta indicó que esperará la próxima sesión ordinaria anunciada para debatir el tema, aunque insistió en que el caso ya debía resolverse. Según afirmó, una decisión favorable permitiría a Colpa Baja emitir documentación y concretar sus planes de trabajo; no obstante, advirtió que, de persistir una respuesta negativa, el tema igual iría a votación conforme al procedimiento, considerando que —según su versión— ya existirían votos favorables en el concejo.
