Decenas de padres de familia protagonizaron una tensa protesta en la sede del Gobierno Regional de Huánuco para exigir explicaciones por el retraso en la construcción del colegio Virgen del Carmen, una obra prometida desde hace varios años. El incidente ocurrió el lunes por la mañana, cuando los manifestantes ingresaron a empujones al local institucional tras ser inicialmente bloqueados por personal de seguridad.
Según los manifestantes, más de 500 estudiantes se encuentran actualmente sin un espacio adecuado para continuar el año escolar. En declaraciones recogidas durante la manifestación, los padres denunciaron que sus hijos fueron desalojados recientemente del local provisional del instituto Aparicio Pomares, pese a que ellos mismos habían habilitado aulas de madera con recursos propios.
De acuerdo con los voceros de la protesta, el gobernador regional Antonio Pulgar habría comprometido públicamente en enero de 2023 que la obra del colegio iniciaría ese mismo año, sin que hasta la fecha se haya ejecutado ningún avance visible. “Nos están meciendo desde hace años, queremos hechos y no más palabras”, manifestó uno de los dirigentes, exigiendo que la autoridad asuma su responsabilidad ante la comunidad educativa afectada.
Los padres indicaron que, pese a los reiterados compromisos por parte del Gobierno Regional, no se ha colocado ni una piedra del nuevo plantel. Además, denunciaron que el desalojo se dio a poco menos de dos meses para finalizar el año escolar, situación que agrava la afectación académica de los estudiantes, quienes ahora estarían en riesgo de ser enviados a clases virtuales, según señalaron.
Durante la protesta, los padres exigieron reunirse directamente con el gobernador regional, quien no se encontraba en la sede. En su lugar, fueron atendidos —tras varias horas de espera— por la asesora Dennis Ríos, hija de la exalcaldesa de Santa María del Valle, quien comunicó que se les recibiría solo a través de una comisión de dirigentes.
Sin embargo, los manifestantes rechazaron esta condición y exigieron ser escuchados como colectivo completo. Según testigos del encuentro, se intentó desalojar a los manifestantes bajo el argumento de que no podían ingresar con menores de edad, lo cual generó nuevos momentos de tensión. Finalmente, no se concretó una reunión formal ni se brindó un compromiso con cronograma definido para la obra pendiente.
Los voceros de la comunidad educativa relataron que, desde hace más de cuatro años, los estudiantes del colegio Virgen del Carmen vienen recibiendo clases en condiciones precarias, en distintos locales cedidos temporalmente. El último de estos espacios fue el instituto Aparicio Pomares, donde los padres instalaron aulas de madera por iniciativa propia.
Según señalaron, esta solución fue rechazada por el Gobierno Regional, que ordenó el desalojo bajo la promesa de iniciar pronto la obra de reconstrucción del plantel. Sin embargo, hasta el momento no hay fechas ni expedientes públicos en ejecución, según indicaron los padres, quienes aseguraron que no cesarán en sus protestas hasta obtener una respuesta firme y verificable por parte de las autoridades regionales.
mparativas inadecuadas, al señalar que algunas personas con discapacidad “son más útiles que otras en condiciones normales”. Este medio aclara que tales afirmaciones son de responsabilidad del entrevistador y no representan una posición editorial.
Llamado a la comunidad: “Las puertas están abiertas”
Mendoza finalizó su intervención invitando a las familias que tengan hijos en situación de discapacidad a acercarse a la institución. “Las puertas están abiertas”, recalcó, reiterando que el CEBE Manuel Villavicencio atenderá dentro de sus posibilidades y en función del número de vacantes disponibles.
Si bien el enfoque de la entrevista fue educativo y conmemorativo, no se ofrecieron datos oficiales sobre la demanda insatisfecha de este tipo de servicios en la región ni sobre los criterios de admisión en el centro. La funcionaria tampoco precisó si existen convenios con otras entidades para ampliar la cobertura.
En Huánuco, de acuerdo con datos recogidos por la Defensoría del Pueblo en reportes anteriores, uno de los principales retos en la educación básica especial sigue siendo el acceso equitativo y continuo a servicios profesionales multidisciplinarios —psicólogos, terapeutas, docentes especializados—, especialmente en zonas periféricas y rurales.
