El decano del Colegio de Abogados de Huánuco, Cajusol Chepe, informó que su institución ha presentado una denuncia penal ante el Ministerio Público contra el jefe de Provías Nacional, David Fernando Lizárraga Mayorga, por el presunto delito de omisión, rehusamiento o retardo de actos funcionales, en referencia directa al artículo 377 del Código Penal.
Según explicó el representante gremial, el documento fue ingresado a mesa de partes de la Fiscalía y se encuentra a la espera de ser derivado a un fiscal para su investigación.
De acuerdo con Chepe, la denuncia se fundamenta en la inacción prolongada del organismo estatal frente a la situación de emergencia de la carretera Huánuco–Tingo María, una vía que —según su testimonio— presenta condiciones intransitables y ha generado accidentes, pérdidas humanas y paralización de actividades económicas y sociales. El gremio de abogados sostiene que, aunque la entidad ejecutora cumpla con atender la vía en adelante, el supuesto delito ya se habría consumado por el retardo injustificado.
“El delito se configura cuando el acto se hace tarde, cuando el daño ya fue causado. Aquí ya hay muertes, ya hay vehículos destrozados y pérdidas económicas. Por eso el Colegio decidió actuar legalmente”, manifestó Chepe.
Carretera en emergencia
Durante su declaración, el decano subrayó que la vía ya fue formalmente declarada en emergencia mediante resolución ministerial, lo cual —a su juicio— obliga a las autoridades competentes a actuar de manera inmediata y no bajo los plazos ordinarios de contratación o licitación pública. “No se puede tratar una emergencia como si fuera un requerimiento común. La ley exige inmediatez”, puntualizó.
En este contexto, el representante del Colegio de Abogados cuestionó lo que considera una respuesta tardía o superficial de parte de funcionarios del Ministerio de Transportes, quienes —afirmó— llegan a Huánuco, emiten declaraciones públicas, pero no ejecutan medidas concretas en campo. “Vienen, se toman la foto, anuncian que atenderán veinte puntos críticos, pero en la práctica no pasa nada. La carretera sigue colapsada”, señaló.
Asimismo, advirtió que la persistente falta de atención podría alimentar sospechas sobre posibles direccionamientos o beneficios ilícitos por parte de malos funcionarios, aunque aclaró que no todos caen en estas prácticas. “Lo que queremos es que el Ministerio Público investigue y, de ser el caso, sancione a los responsables según la ley”, insistió.
Evalúan medidas legales y colectivas
Chepe adelantó que, además de la denuncia penal, el Colegio de Abogados evalúa interponer una acción de cumplimiento para exigir que el Estado atienda las necesidades viales de manera efectiva. Informó también que se ha iniciado un proceso de coordinación con otros colegios profesionales y organizaciones sociales con el fin de emitir una postura conjunta y ejercer presión institucional sobre Provías y el Ministerio de Transportes.
“Estamos conversando con otros gremios, porque esto no solo afecta a los abogados, sino a toda la región. Incluso se está considerando una posible convocatoria a medidas de lucha”, indicó. Aunque aclaró que su organización no desea llegar al extremo de un paro regional, como ocurrió en 2013, advirtió que esa posibilidad no está descartada si las autoridades nacionales continúan sin actuar con responsabilidad.
EL DATO
Finalmente, el representante lamentó que, en el contexto actual, la única forma en que las autoridades atienden los reclamos es mediante la presión social. “No debería ser así, pero en el Perú se ha hecho costumbre que recién se escuche cuando hay protestas. Nosotros estamos agotando primero los canales legales y técnicos”, declaró.
