El decano del Colegio de Abogados de Huánuco, Cajusol Chepe, señaló públicamente que el abogado Paolo Contreras no forma parte de la institución regional. Así lo manifestó en declaraciones a medios locales, al ser consultado por el caso que involucra a Contreras y que derivó en una orden de prisión preventiva
Según explicó Chepe, la entidad comunicó oportunamente que Contreras no cuenta con registro como abogado colegiado en Huánuco. Consultado sobre la prisión preventiva dictada, el decano precisó que no participa como defensor en dicho proceso y que solo conoce los hechos a través de lo difundido en medios de comunicación.
Cuestionamientos a la prisión preventiva
Respecto a la medida cautelar, Chepe remarcó que la prisión preventiva constituye una medida excepcional y que debe aplicarse únicamente cuando existan pruebas suficientes, una prognosis de pena superior a cinco años y peligro procesal. Indicó que, de acuerdo con las informaciones divulgadas, el caso se originaría en el presunto préstamo de una cuenta bancaria para recibir dinero, lo que —según manifestó— por sí solo podría no resultar suficiente para justificar la detención.
“Lo esencial es evaluar las pruebas y los riesgos procesales. Si hay exceso en la medida, corresponde al tribunal superior revisarla mediante apelación”, indicó. Asimismo, reiteró que la prisión preventiva no debe ser usada como regla general, sino como última instancia para garantizar la presencia del imputado en el proceso.
La posición del Colegio frente a la ética profesional
Consultado sobre el impacto en la imagen de los abogados, Chepe reiteró que Contreras no pertenece al Colegio de Abogados de Huánuco y enfatizó que no se puede juzgar a toda la profesión por los actos de una persona. Señaló también que corresponde al colegio profesional respectivo iniciar eventuales investigaciones éticas, de ser el caso, tras el resultado de las diligencias judiciales.
El representante recordó que mientras no exista sentencia firme, toda persona se presume inocente. Por otro lado, afirmó que no se cuenta con un registro actualizado del número de abogados implicados en procesos penales en la región, aunque reconoció que, en general, pueden presentarse situaciones de este tipo en el ejercicio de funciones públicas o de asesoría.
Finalmente, Chepe subrayó la importancia de considerar medidas alternativas a la prisión, como la comparecencia con restricciones y reglas de conducta, en línea con tratados internacionales y la normativa nacional. Asimismo, mencionó que el sistema judicial debe velar también por los intereses de las víctimas, asegurando su protección y eventual reparación.
