La imposición de aranceles por parte del Presidente Trump, una estrategia central en su política comercial, enfrenta un escrutinio legal cada vez mayor que amenaza con desestabilizar su agenda económica. La controversia se centra en la legalidad de la aplicación de la Ley de Poderes Económicos Internacionales de Emergencia de 1970 (IEEPA) para justificar estos aranceles, una interpretación cuestionada por tribunales federales. Este desafío se produce en un momento en que la administración busca simultáneamente proyectar confianza en sus negociaciones comerciales y defender la legitimidad de sus acciones ante el poder judicial.
Según la investigación publicada por The New York Times, la administración Trump está transmitiendo narrativas contradictorias sobre el impacto de los desafíos legales a sus aranceles, mientras sus principales asesores insisten públicamente en que las negociaciones se mantienen intactas, al tiempo que solicitan a los tribunales que eviten dañar la reputación del presidente en el escenario mundial.
El Secretario de Comercio, Howard Lutnick, minimizó públicamente el revés legal en Fox News, afirmando que se trataba de un contratiempo menor. Sin embargo, estas declaraciones contrastan con los argumentos presentados en los tribunales, donde la administración advierte sobre las graves consecuencias para la política exterior si se limitan los poderes del presidente en materia de comercio. Esta doble estrategia busca, por un lado, tranquilizar a los socios comerciales y, por otro, influir en las decisiones judiciales.
La validez de los aranceles de Trump, aplicados en un intento por impulsar la manufactura nacional, recaudar ingresos y forzar acuerdos comerciales beneficiosos, depende en gran medida de la IEEPA. Trump argumentó que la ley, concebida originalmente para imponer embargos y sanciones, podía justificarse por crisis como el déficit comercial y el flujo de fentanilo. Sin embargo, esta interpretación fue rechazada por el Tribunal de Comercio Internacional, que dictaminó que el presidente no poseía una “autoridad ilimitada” para imponer aranceles tan amplios bajo la ley de emergencia.
La apelación presentada por el gobierno busca revertir esta decisión, mientras que la Casa Blanca ya ha señalado su intención de llevar el caso hasta el Tribunal Supremo si fuera necesario. La estrategia legal de la administración se enfrenta a la dificultad de conciliar las declaraciones públicas optimistas con los argumentos legales que enfatizan la necesidad de mantener los aranceles en vigor. Ted Murphy, de Sidley Austin, advierte que las declaraciones públicas de la administración podrían influir en la decisión judicial, y que una invalidación de los aranceles podría debilitar la posición de Estados Unidos en el extranjero.
En este contexto, las negociaciones comerciales con China, lideradas por Lutnick y el Representante Comercial de EE. UU., Jamieson Greer, se presentan como un desafío adicional. Greer proyectó una imagen de normalidad en CNBC, minimizando el impacto de los desafíos legales, mientras que en los tribunales la administración insiste en la importancia de mantener los aranceles para asegurar el éxito de las negociaciones. Dan Rayfield, el fiscal general de Oregon, argumenta que las declaraciones de los funcionarios contradicen su afirmación de que necesitan una suspensión de la decisión judicial para evitar daños irreparables.
