El próximo domingo, los votantes mexicanos se enfrentarán a una elección sin precedentes que podría reconfigurar el sistema judicial del país. Se elegirán más de 2,600 jueces y magistrados, abarcando desde tribunales locales hasta la Suprema Corte de Justicia, marcando un hito en la historia democrática de México y poniendo a prueba la solidez de sus instituciones. Este proceso se produce en un contexto de polarización política y creciente preocupación por la independencia judicial en América Latina.
Según la investigación publicada por The New York Times, esta jornada electoral representa el punto culminante de un controvertido proceso impulsado por Morena, el partido en el poder, que modificó la Constitución con el objetivo de transformar el sistema judicial del país.
La iniciativa de someter a votación popular la elección de jueces fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y defendida por su sucesora, Claudia Sheinbaum. López Obrador justificó la reforma argumentando que la Suprema Corte había bloqueado algunas de sus iniciativas gubernamentales, como el debilitamiento del organismo supervisor electoral y la militarización de la Guardia Nacional. Estas decisiones judiciales, consideradas por el presidente como políticamente motivadas, lo llevaron a buscar un mayor control sobre el poder judicial a través del apoyo popular.
El domingo, los votantes elegirán a la mitad del poder judicial mexicano, mientras que el resto será seleccionado en 2027. Este año, se disputarán casi 880 puestos judiciales federales, que abarcan desde jueces de distrito hasta magistrados de la Suprema Corte. Adicionalmente, 19 de los 32 estados del país votarán para elegir a jueces y magistrados locales, cubriendo alrededor de 1,800 cargos. Más de 7,700 candidatos compiten por estos puestos.
A diferencia de las elecciones tradicionales, donde los partidos políticos pueden financiar las campañas de sus candidatos, los aspirantes a jueces no tienen permitido recurrir a fondos públicos o privados. Esto los obliga a utilizar sus propios recursos y estrategias de marketing en redes sociales para captar la atención de los votantes. Para facilitar la elección, el organismo encargado de supervisar el proceso electoral creó una plataforma en línea para que los ciudadanos puedan informarse sobre los candidatos.
Sin embargo, incluso quienes apoyan la reforma reconocen la dificultad que enfrentarán los votantes para tomar decisiones informadas entre miles de candidatos, en su mayoría desconocidos. Una encuesta reciente reveló que, si bien el 72% de los votantes considera necesaria la elección judicial, solo el 23% conoce a los candidatos. Esta situación plantea interrogantes sobre la calidad de la participación ciudadana y la legitimidad del proceso.
La controversia sobre si la elección mejorará el sistema judicial ha persistido durante meses. Los defensores de la reforma argumentan que el sistema actual está plagado de corrupción y nepotismo, donde el acceso a la justicia favorece a quienes tienen recursos económicos y donde muchos jueces han sido cooptados por cárteles de la droga. Según Transparencia Internacional, México se sitúa en el puesto 126 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción, lo que refleja la gravedad del problema.
Quienes se oponen a la elección de jueces advierten sobre la politización del sistema judicial y la posibilidad de que Morena, con su control del poder ejecutivo y legislativo, ejerza una influencia desmedida sobre el proceso electoral. También señalan el riesgo de que candidatos sin la experiencia y la cualificación necesarias accedan a cargos judiciales, abriendo la puerta a una mayor influencia del crimen organizado. Los resultados finales de esta elección sin precedentes, que se contabilizarán manualmente, se conocerán hasta el 15 de junio.
