Una ciudadana huanuqueña, identificada como Miguela Fernandes Alcedo, denunció públicamente haber enfrentado un intento de desalojo de la vivienda que ocupa desde hace más de dos décadas, ubicada en la cuadra 2 del jirón Crespo Castillo, en el centro de Huánuco. Según declaró ante medios locales, el hecho habría ocurrido sin existir una sentencia judicial firme, lo que —a su juicio— podría constituir un abuso de autoridad e influencias indebidas.
De acuerdo con el testimonio brindado por Fernandes, el inmueble pertenecía a Dora Rodríguez, una mujer fallecida hace aproximadamente cinco años, con quien aseguró haber convivido y a quien afirmó haber cuidado hasta sus últimos días. Tras su fallecimiento, dijo haber permanecido en la vivienda con el consentimiento del hermano de la fallecida, Wilfredo, quien —según sostuvo— le otorgó una carta poder como respaldo para su permanencia.
Fernandes aseguró que desde hace tres años mantiene un proceso judicial que continúa abierto en relación a la propiedad, el cual, al cierre de esta edición, no contaría con una sentencia definitiva. “Nosotros estamos esperando que el juicio concluya. No puede haber desalojo si no hay sentencia”, declaró en una transmisión en vivo difundida por el Diario Ahora.
Venta de vivienda desata disputa legal
La ciudadana también denunció que el inmueble en disputa habría sido vendido por una persona que se presentó como heredera universal, pero que no es reconocida por los familiares directos de la propietaria fallecida, según sostuvo. “Ni el hermano ni los sobrinos la conocen. Ya está denunciada penalmente y no se sabe dónde está”, expresó uno de los acompañantes de Fernandes durante la entrevista.
Fernandes sostuvo además que los supuestos compradores del inmueble serían una abogada y un agente policial, quienes habrían formalizado la compra sin establecer ningún contacto previo con los actuales ocupantes. “Jamás vinieron a tocar la puerta para preguntar quién vivía, cuántas personas había, o siquiera saber si la casa estaba habitada”, manifestó.
El grupo que acompaña a Fernandes sostuvo que el inmueble fue vendido por la suma de S/ 40,000, según indicaron, con base en el título registrado en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP). “Ese precio no es real para esta zona. Ninguna casa vale eso. Parece una venta simbólica, dudosa”, afirmaron durante la cobertura.
Solicitan prueba de ADN
Uno de los elementos más controversiales del caso es la solicitud de exhumación del cuerpo de la propietaria fallecida, Dora Rodríguez, presentada ante el Poder Judicial por parte de los ocupantes y familiares directos. Según explicó Fernandes, el objetivo es realizar una prueba de ADN con el hermano Wilfredo, quien reside actualmente en Arequipa, para verificar el vínculo sanguíneo con la supuesta heredera que vendió el predio.
De acuerdo con los testimonios, la jueza a cargo del caso aún no ha fijado una fecha para la realización de dicha diligencia, lo que mantiene en suspenso la resolución del conflicto. “Nosotros no nos oponemos a una decisión judicial, pero exigimos que se respete el debido proceso. Queremos que todo se aclare por la vía legal”, manifestó Fernandes.
Los ocupantes también alegaron que en la vivienda residen personas en condición de vulnerabilidad, incluidos niños y personas con discapacidad, lo que —según dijeron— fue uno de los motivos por los que el desalojo fue suspendido temporalmente por las autoridades intervinientes. Sin embargo, no se brindaron declaraciones oficiales de parte de la Policía ni del Poder Judicial al respecto.
Denuncias por usurpación, solicitud de sentencia y reclamo de legalidad
Según los involucrados, la mujer que figura como vendedora del inmueble habría sido denunciada por el hermano de la fallecida por el presunto delito de usurpación, y actualmente tendría una multa judicial pendiente. “Ella no representa a la familia y se ha hecho pasar por heredera sin serlo”, señalaron.
Asimismo, los familiares insistieron en que la jueza del caso debe emitir una sentencia antes de que se intente ejecutar cualquier desalojo, dado que el proceso judicial permanece abierto desde hace tres años. “No nos oponemos a la justicia. Lo que queremos es que haya una resolución clara, no presiones ni favores”, puntualizó un familiar de Fernandes.
