La ciudadana Ignacia Merina Pérez denunció que desde hace 19 años mantiene un proceso judicial sin resultados favorables para defender terrenos agrícolas de aproximadamente 11 hectáreas en Marabamba, Pichipampa, que —según sus declaraciones— le fueron otorgados en 1987 como parte de la Reforma Agraria.
La mujer aseguró que cuenta con títulos inscritos en Registros Públicos, SUNARP y SUNAT, así como documentos que acreditan su propiedad emitidos por la Reforma Agraria.
En entrevista con un medio local, Merina señaló que el conflicto comenzó cuando terceras personas intentaron inscribir como propios los predios que ella sostiene haber trabajado junto a su familia durante décadas.
“Ese terreno tiene título, está inscrito, pero no me hacen valer mis papeles”, afirmó, manifestando su malestar por lo que considera una desprotección frente a intentos de despojo.
Denuncias contra presuntos invasores
De acuerdo con el testimonio de la ciudadana, existen tres personas que reclaman la propiedad de las mismas tierras: Rosa Carruso Celestina, Eva Candy Celeste y el policía Ezequiel Gustavo Hurtado. Merina aseguró que estas personas han presentado documentos en instancias judiciales, lo que ha originado una serie de procesos en los que ella figura como denunciada a pesar de tener títulos que, según dice, deberían respaldar su posesión legítima.
La mujer explicó que las denuncias en su contra han sido constantes, situación que ha afectado no solo su tranquilidad, sino también la de sus hijos. “Todos los días me denuncian, me calumnian, cuando yo soy la propietaria registrada”, manifestó. Según añadió, en sus terrenos edificó dos viviendas en las que vivió junto a su esposo, ya fallecido, y donde crecieron sus hijos, por lo que considera injusto que otras personas reclamen derechos sobre esas construcciones.
Consultadas las fuentes judiciales, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo una respuesta oficial sobre la validez de los documentos presentados por las otras partes ni sobre el estado del proceso.
Señalamientos de parcialidad
El aspecto más controvertido de la denuncia es la acusación directa contra el juez Pablo Ayala Moya, quien —según Merina— habría mostrado una actitud de discriminación y parcialidad al desestimar sus documentos. La ciudadana declaró que el magistrado no le habría dado el mismo peso legal a sus títulos y sugirió que existirían posibles irregularidades en su actuación. “El juez me discrimina, no quiere reconocer mis papeles, parece que le han dado algo para favorecer a los invasores”, sostuvo.
Merina señaló que esta situación ha debilitado su confianza en el proceso judicial y denunció que el juez habría actuado en beneficio de la parte contraria. Aunque la ciudadana mencionó la posibilidad de sobornos, no presentó pruebas materiales que respalden estas afirmaciones, lo que mantiene el caso en el terreno de las denuncias testimoniales.
El diario Ahora buscó la versión del Poder Judicial de Huánuco sobre estas acusaciones, pero no se recibió respuesta hasta el cierre de esta edición.
Pedido de cambio de juez y llamado a la comunidad
Frente a la desconfianza en el actual magistrado, Merina informó que su defensa legal presentó un pedido para que el proceso sea trasladado a otro juez. “Quiero que otro vea mi caso, que se haga justicia”, declaró. Según su testimonio, la prolongación del juicio le ha generado lo que ella describió como un “trauma de vida” durante casi dos décadas.
La mujer pidió públicamente a las autoridades judiciales, fiscales y también a la ciudadanía que la respalden en su búsqueda de justicia. Explicó que su familia es de condición humilde y que sus hijos se han dedicado únicamente a la agricultura, sin otra fuente de ingresos. “Ellos son inocentes, solo trabajan la tierra para comer, pero los denuncian injustamente”, sostuvo.
