Cinco altos funcionarios del Ministerio del Interior, nombrados bajo la gestión de Juan José Santiváñez hace solo unos meses, renunciaron de manera simultánea el 12 de octubre. Entre los renunciantes figuran Walter Zegarra Figueroa, Jefe de Gabinete de Asesores, y Raúl Durand Huillca, Director de la Oficina de Presupuesto, junto a otros tres directores clave. Aunque sus renuncias no se publicaron en el Diario Oficial, el Ministerio ya las hizo oficiales en su plataforma.
Este éxodo de funcionarios se enmarca en una profunda crisis de inseguridad ciudadana que atraviesa el país, pese a la declaratoria de emergencia en 14 distritos de Lima Metropolitana. Esta medida, adoptada como último recurso para frenar la delincuencia, ha demostrado ser insuficiente, ya que los niveles de criminalidad siguen en aumento.
El ministro Santiváñez justificó las renuncias recientes, señalando que los funcionarios están sujetos a pruebas rigurosas, como la del polígrafo, para evitar posibles filtraciones de información. Según el ministro, este procedimiento es esencial en un sector tan sensible como el Interior, donde la compartimentación de la información es clave para combatir la criminalidad. “No podemos permitir que los planes operativos sean publicitados, lo que evitaría capturas”, afirmó en declaraciones a la prensa.
A pesar de esta oleada de renuncias y el creciente escepticismo público, Santiváñez continúa en su cargo. En el pasado, manifestó que estaría dispuesto a dimitir si el estado de emergencia no lograba los resultados esperados. Sin embargo, aunque los actos de sicariato y violencia continúan en los distritos en emergencia, tanto Santiváñez como el primer ministro Gustavo Adrianzén defienden que el plan del Gobierno está comenzando a mostrar avances. Santiváñez ha expresado su convicción de que las estrategias actuales “tienen que funcionar necesariamente” y, de lo contrario, consideraría poner su cargo a disposición de la presidenta Dina Boluarte.
