El informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acusa al régimen de Díaz-Canel de violar sistemáticamente los derechos fundamentales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció en su informe anual una grave y sostenida violación de derechos humanos en Cuba. El documento identifica una estructura de control autoritario ejercida por el Partido Comunista, que limita la participación política y reprime cualquier forma de disenso.
Según la CIDH, el régimen encabezado por Miguel Díaz-Canel mantiene un sistema de partido único, sin elecciones libres ni pluralismo. Esto —indica el informe— genera una “ausencia estructural de institucionalidad democrática”.
Represión, censura y justicia subordinada
La CIDH detalla que durante 2024 se documentaron detenciones arbitrarias, vigilancia, restricciones a la movilidad y ataques contra defensores de derechos humanos, periodistas, personas afrodescendientes y ciudadanos LGTBI. Estas acciones, señala el informe, buscan desmovilizar protestas y criminalizar voces críticas.
La independencia judicial, pese a estar garantizada en la Constitución, no se respeta en la práctica. Jueces que no se alinean con el gobierno son retirados, y los procesos penales muestran serias irregularidades, como ausencia de abogados independientes y uso de tribunales militares contra civiles.
Colapso económico y crisis humanitaria
El informe también aborda el deterioro social. De acuerdo con datos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos citados por la CIDH, el 89% de la población cubana vive en pobreza extrema. Además, siete de cada diez personas dejaron de hacer alguna comida por falta de alimentos.
Persisten los cortes prolongados de electricidad y escasez de productos básicos como arroz, leche, aceite y medicinas. En muchos hospitales, los pacientes deben llevar sus propios insumos, incluso anestesia.
La CIDH concluye que Cuba enfrenta una violación estructural a los principios democráticos y que la represión sistemática, sumada a la precariedad económica, genera un escenario de alta conflictividad social. Pese a recibir el informe anticipadamente, el régimen de Díaz-Canel no ofreció respuesta oficial.
