El acceso a la educación superior en Perú podría estar al borde de una transformación radical con la reciente aprobación, por parte de la Comisión de Educación del Congreso, de un dictamen que propone el **ciclo cero** como único mecanismo de ingreso a las universidades. Esta iniciativa ha desencadenado una ola de reacciones encontradas, donde la autonomía universitaria y la calidad educativa se erigen como los principales puntos de controversia. Ahora, la decisión final recae en el Pleno del Congreso, que deberá sopesar los argumentos a favor y en contra antes de convertir esta propuesta en ley.
Según la investigación publicada por El Comercio, la propuesta legislativa plantea que las universidades implementen un semestre preparatorio a través de sus centros preuniversitarios, abarcando áreas como habilidades cognitivas, pensamiento científico, razonamiento verbal y matemático, además de historia, filosofía, geopolítica, realidad nacional y tres asignaturas de especialización por carrera.
El dictamen, impulsado por los congresistas Waldemar Cerrón y Segundo Montalvo, ambos de Perú Libre, consolida tres proyectos de ley (7726, 7998 y 10114), y obtuvo la aprobación mayoritaria en la Comisión de Educación. Cerrón y Montalvo defienden la medida argumentando que busca democratizar el acceso a la educación superior, especialmente para jóvenes de escasos recursos, un sector que históricamente ha enfrentado barreras significativas para ingresar a la universidad. Sin embargo, este argumento choca con la preocupación de académicos y actores clave del sector educativo, quienes ven en el ciclo cero una amenaza a la autonomía de las universidades.
La propuesta establece que las universidades deberán ofrecer dos ciclos cero ordinarios al año, con exámenes presenciales en cada materia y un puntaje mínimo de 13 para acceder a una vacante. Además, los postulantes deberán presentar su certificado de estudios secundarios y abonar una tasa única equivalente al 5% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), lo que representa S/267,50. Los fondos recaudados por este concepto serían destinados exclusivamente a infraestructura, pago de docentes y materiales de enseñanza.
Críticos como el exministro de Educación, Idel Vexler, han expresado su rechazo a través de redes sociales, argumentando que la medida atenta contra la autonomía universitaria y desvía la atención de la necesidad de mejorar la calidad de la formación universitaria. Karina Morales, del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior (CAPPES), coincide en que el proyecto añade trabas burocráticas a un sistema de admisión ya problemático, atomizado y con escaso aumento de vacantes en las universidades públicas.
José Luis Gargurevich, exviceministro de Gestión Institucional del Minedu, califica la propuesta como «un absurdo» y duda de su capacidad para solucionar problemas de acceso o económicos. Adicionalmente, plantea la posibilidad de que la iniciativa busque reducir el número de ingresantes a través del programa Beca 18, redirigiendo fondos a las universidades públicas. Por su parte, Paul Neira, experto en políticas públicas, advierte sobre la ilegalidad de la medida, al invadir la autonomía universitaria, e indica que el nivel de exigencia es bajo, 13, cuando en la escuela no se evalúa en números. El Consorcio de Universidades también manifestó su preocupación por esta medida.
