El Gobierno de China rechazó las recientes declaraciones emitidas desde Estados Unidos sobre el megapuerto de Chancay, proyecto estratégico desarrollado por la empresa estatal Cosco Shipping, y cuestionó que Washington sugiera que el Perú podría perder capacidad de control sobre dicha infraestructura.
Durante una conferencia de prensa, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, manifestó que su país “rechaza categóricamente” las afirmaciones estadounidenses y sostuvo que los comentarios difundidos carecen de fundamento. Según indicó, se trata de una narrativa que distorsiona la cooperación entre China y Perú, y que busca sembrar dudas sobre un proyecto presentado por Pekín como una iniciativa orientada al crecimiento económico y comercial.
China expresó su profunda molestia frente a los señalamientos, luego de que autoridades estadounidenses advirtieran que el Perú podría ver restringida su capacidad de supervisión del puerto si la administración quedara en manos de “propietarios chinos depredadores”. Además, desde Washington se afirmó que “el dinero barato de China tiene un costo en soberanía”, frase que fue considerada por la Cancillería china como una acusación “difamatoria y fabricada”.
El pronunciamiento ocurre en un contexto de tensión diplomática creciente, en el que el megapuerto de Chancay se ha convertido en un punto de interés geopolítico para ambas potencias, debido a su impacto en el comercio regional y su ubicación estratégica en la costa del Pacífico.
Lin Jian niega acusaciones
Lin Jian sostuvo que los cuestionamientos de Estados Unidos no solo son infundados, sino que buscan desacreditar una relación bilateral que, según China, se ha desarrollado bajo parámetros de cooperación legítima. El vocero señaló que Washington emite comentarios que tergiversan los objetivos del proyecto, ignorando que el megapuerto se plantea como una plataforma de integración económica para el Perú y la región.
China insistió en que el puerto de Chancay responde a una lógica de inversión y expansión comercial, y no a una estrategia de control político o de intervención sobre decisiones soberanas del Estado peruano.
En esa línea, Lin Jian reafirmó que el proyecto ha sido impulsado como parte de un esquema de cooperación internacional orientado a mejorar infraestructura, fortalecer el comercio marítimo y generar oportunidades económicas.
Las declaraciones del portavoz marcan un tono firme frente a las advertencias de Estados Unidos y evidencian que el megapuerto ha dejado de ser únicamente un tema económico para convertirse en un asunto con implicancias diplomáticas.
Polémica se intensifica
La respuesta de Pekín se produjo luego de un pronunciamiento de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, que cuestionó el avance del proyecto y sugirió que el Perú podría quedar limitado en su capacidad de fiscalización si el puerto termina bajo control de propietarios chinos.
En su mensaje, Washington afirmó que el país podría ver reducida su posibilidad de supervisión estatal sobre una infraestructura considerada estratégica. Asimismo, calificó a ciertos inversionistas chinos como “depredadores” y advirtió que las inversiones de China no son gratuitas, ya que podrían implicar costos en autonomía y soberanía.
Estas declaraciones fueron interpretadas por China como una acusación directa y un intento de generar desconfianza sobre su presencia en América Latina. En respuesta, Lin Jian rechazó de manera frontal esa narrativa y calificó los comentarios como parte de una campaña de desinformación.
El cruce de declaraciones refleja el nivel de sensibilidad que ha adquirido el proyecto del megapuerto, en medio de una disputa de influencia internacional sobre inversiones y control logístico en el Pacífico.
Pronunciamiento
El pronunciamiento del Gobierno chino también ocurre días después de un fallo del Poder Judicial peruano que favoreció a Cosco Shipping, empresa responsable del desarrollo del megapuerto. La resolución dio la razón a una demanda de amparo presentada por la compañía y determinó que el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) no puede regular, supervisar, fiscalizar ni sancionar las operaciones de Cosco dentro del puerto.
Este fallo generó preocupación en sectores políticos y en organismos internacionales, ya que se interpreta como una restricción significativa para la capacidad del Estado peruano de ejercer control sobre un proyecto estratégico.
El Gobierno peruano anunció que apelará la sentencia, con el objetivo de revertir el fallo y recuperar la capacidad regulatoria sobre las operaciones en Chancay.
Mientras tanto, Estados Unidos insistió en que esta decisión judicial debilita la supervisión estatal, alimentando el debate sobre soberanía y control nacional en megaproyectos de inversión extranjera.
Chancay: foco de tensión
El megapuerto de Chancay, por su dimensión e importancia comercial, se ha convertido en una pieza clave dentro del mapa logístico regional. Su ubicación en la costa peruana lo proyecta como una plataforma de conexión directa entre Sudamérica y Asia, lo que eleva su relevancia no solo económica, sino también geopolítica.
El cruce de declaraciones entre China y Estados Unidos revela que el puerto ya no es visto únicamente como un proyecto de infraestructura, sino como un símbolo de competencia internacional por influencia en América Latina.
Por ahora, el escenario sigue abierto: mientras China defiende la legitimidad de su inversión y acusa a Washington de difundir información distorsionada, Estados Unidos mantiene sus advertencias sobre los riesgos de una infraestructura estratégica bajo fuerte influencia extranjera.
En medio de esa tensión, el Perú enfrenta el desafío de equilibrar inversiones internacionales con mecanismos de supervisión estatal que garanticen transparencia y soberanía sobre uno de los proyectos más importantes del país en las últimas décadas.
