Li Jianping, exfuncionario de alto rango en la región de Mongolia Interior, fue ejecutado este martes tras ser condenado por corrupción, malversación de fondos y colaboración con organizaciones criminales. El Tribunal Popular Supremo de China ratificó la pena de muerte, señalando que los delitos de Li causaron “pérdidas extraordinarias” al Estado y un impacto social “particularmente negativo”.
Li fue hallado culpable de apropiarse ilegalmente de más de 1,437 millones de yuanes (197 millones de dólares), aceptar sobornos por 577 millones de yuanes (79 millones de dólares) y desviar otros 1,055 millones de yuanes (144 millones de dólares) de fondos públicos. Además, facilitó actividades de una organización criminal mientras ocupaba su puesto como secretario del Comité del Partido Comunista en Hohhot.
La ejecución se llevó a cabo tras la revisión de la condena, un requisito habitual en casos de pena de muerte en China. Antes de su ejecución, Li tuvo la oportunidad de reunirse con sus familiares más cercanos.
Esta sentencia se enmarca en la campaña anticorrupción del presidente Xi Jinping, que ha sancionado a cientos de miles de funcionarios en los últimos años. Según Amnistía Internacional, China lidera el mundo en ejecuciones, aunque no publica cifras oficiales.
