China expresó el lunes 22 de diciembre su “profundo rechazo” a la incautación de petroleros vinculados a Venezuela por parte de Estados Unidos y sostuvo que estas acciones constituyen una “grave violación del Derecho Internacional”, al calificarlas como arbitrarias. La posición fue expuesta por Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, quien reiteró la oposición de Pekín a sanciones unilaterales que —según China— carecen de fundamento en el derecho internacional y no cuentan con autorización del Consejo de Seguridad.
Además, China remarcó que Venezuela “tiene derecho” a desarrollar cooperación con otros países y defendió que la comunidad internacional comprende su postura frente a acciones que percibe como presión externa. En el trasfondo, la declaración se produce en medio de fricciones recurrentes entre Pekín y Washington, incluyendo disputas comerciales y arancelarias, y en un momento en que el petróleo venezolano sigue siendo un punto sensible por sanciones, rutas opacas y triangulaciones comerciales.
EE. UU. incauta dos buques
Hasta ahora, la ofensiva estadounidense se traduce en dos incautaciones y una tercera intervención en curso, según reportes citados por medios internacionales. En este periodo, EE. UU. interceptó el tanquero Centuries, descrito en reportes oficiales como parte de una “shadow fleet” (flota fantasma) y señalado por operar con identidades y banderas presuntamente irregulares para evadir sanciones. Reuters informó que el Centuries transportaba 1,8 millones de barriles de crudo venezolano Merey y que fue interceptado por la Guardia Costera frente a la costa venezolana.
A ello se suma el caso del buque Skipper, incautado el 10 de diciembre, que Caracas calificó como un acto de “piratería”. Y, en paralelo, la Guardia Costera estadounidense persigue un tercer tanquero que funcionarios vinculan con el buque Bella 1, en aguas internacionales cercanas a Venezuela.
En la narrativa de Washington, estas operaciones forman parte de una estrategia de presión para cortar vías de financiamiento del régimen venezolano a través de exportaciones sancionadas y redes de transporte que operarían con opacidad. En la narrativa china, en cambio, se trata de una expansión de medidas coercitivas unilaterales que, sin mandato de la ONU, erosiona reglas básicas del sistema internacional.
Caracas responde
El gobierno de Nicolás Maduro elevó la respuesta política y diplomática: denunció que las incautaciones constituyen “robo” y “piratería”, y planteó la posibilidad de activar canales internacionales para reclamar por lo ocurrido. En los reportes, se menciona que Caracas evalúa comunicarse con el secretario general de la ONU, António Guterres, como parte de sus acciones.
El pulso no es solo legal: es estratégico. La incautación de tanqueros tensiona rutas de exportación y presiona una economía altamente dependiente del petróleo, mientras EE. UU. sostiene que busca impedir que cargamentos sancionados sostengan estructuras criminales o redes de financiamiento irregular. Al mismo tiempo, analistas advierten que una ofensiva sostenida puede afectar los flujos de exportación de Venezuela, incrementar incertidumbre en puertos y seguros marítimos, y empujar a una mayor clandestinidad comercial.
Disputa por soberanía
Con dos incautaciones consumadas y una tercera persecución en marcha, el escenario queda abierto a nuevas fricciones diplomáticas. El punto crítico es cómo se sostiene legalmente cada intervención: EE. UU. afirma actuar contra evasión de sanciones y mecanismos ilícitos; China y Venezuela responden que se vulnera el derecho internacional y la soberanía, y que se normalizan acciones coercitivas sin aval multilateral.
En lo inmediato, la tensión se concentra en el Caribe y en la ruta hacia Asia: el crudo venezolano continúa moviéndose hacia compradores —directos o mediante intermediarios— y cada operación de interdicción agrega un componente de riesgo político y operativo. Si la ofensiva se intensifica, el conflicto podría trasladarse con más fuerza a foros multilaterales y a la discusión sobre límites, jurisdicción y libertad de navegación.
