La Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar contra el presidente José Jerí por los presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses y tráfico de influencias, tras cuestionamientos por una reunión extraoficial con el empresario chino Zhihua Yang. El caso, abierto el 15 de enero, se encuentra en etapa inicial y se tramita bajo reserva por la condición de alto funcionario del investigado.
El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, confirmó que la hipótesis fiscal se construye —de manera preliminar— sobre esas figuras penales y que serán las diligencias las que definan el alcance de lo investigado y eventuales responsabilidades.
El episodio que detonó la controversia es el encuentro del 26 de diciembre de 2025 en un chifa de San Borja, reunión que no habría sido registrada en la agenda oficial. El caso fue expuesto en reportajes periodísticos y, posteriormente, se conocieron referencias a reuniones adicionales y visitas registradas en Palacio de Gobierno, lo que amplió el foco de cuestionamientos públicos.
Reunión fuera de agenda
De acuerdo con reportes periodísticos, la controversia escaló al punto de abrir una doble vía de revisión: por un lado, la investigación en la Fiscalía de la Nación por la investidura del presidente; por otro, indagaciones sobre el entorno y actores sin antejuicio en instancias fiscales competentes.
En el ámbito político, la Comisión de Fiscalización del Congreso solicitó al mandatario información urgente y documentada sobre la reunión: fecha, hora, lugar, identidad del empresario y temas tratados, entre otros puntos.
La dimensión pública del caso también se alimentó de la narrativa ya instalada como “Chifagate”, en la que se cuestiona el carácter “no registrado” de la cita y las implicancias de transparencia en un alto funcionario. Medios nacionales han señalado que el escándalo tomó fuerza por la difusión de imágenes y por versiones cambiantes sobre la naturaleza del encuentro, lo que elevó el costo político del episodio.
Pese a que la investigación fiscal está en fase preliminar, el proceso ya ha abierto un frente de control político y una discusión pública sobre estándares de conducta presidencial, uso de vehículos oficiales y trazabilidad de reuniones con privados.
Límites para investigar a un presidente
Un elemento clave del caso es el marco constitucional y jurisprudencial vigente sobre investigaciones a presidentes en ejercicio. En 2025, el Tribunal Constitucional resolvió una demanda competencial vinculada a diligencias fiscales y dispuso criterios que, en la práctica, restringen el avance de investigaciones contra un mandatario durante su periodo, permitiendo diligencias preliminares pero condicionando el desarrollo posterior hasta el fin del mandato.
En ese contexto, especialistas y actores políticos han debatido si las diligencias preliminares pueden incluir requerimientos documentales, citaciones o recopilación de información, y hasta dónde se puede llegar sin afectar la investidura presidencial. Esta discusión toma relevancia inmediata porque define la velocidad y el alcance real de la pesquisa mientras Jerí permanezca en el cargo.
La controversia se agudiza porque el caso combina dos planos sensibles: el penal (posibles delitos como tráfico de influencias) y el político (presiones por explicaciones públicas, pedidos de citación y eventuales mociones). En paralelo, desde el Ejecutivo se difundieron mensajes que buscaron sostener que no hubo conducta delictiva, mientras la oposición insiste en la necesidad de transparencia plena sobre el encuentro y sus motivaciones.
Respuestas y presión política
Tras conocerse la apertura de diligencias, se reportó que el presidente comunicó su disposición a colaborar con la investigación fiscal y también con requerimientos del Congreso, mientras crecía la presión para que brinde explicaciones en sede parlamentaria.
En el plano de las defensas, la controversia incluye versiones sobre la relación entre el mandatario y el empresario, así como interpretaciones sobre el propósito de los encuentros. Al mismo tiempo, bancadas y comisiones legislativas han intensificado pedidos para esclarecer si hubo ofrecimientos, gestiones o compromisos, y por qué la reunión del chifa no fue consignada en registros oficiales.
El caso, aún en etapa preliminar, ya tiene efectos políticos concretos: eleva el nivel de escrutinio sobre la agenda presidencial, empuja al Congreso a activar mecanismos de control y coloca a la Fiscalía bajo presión pública para delimitar con precisión qué se investiga y qué diligencias son viables durante un mandato en curso.
