Según la investigación publicada por Canal N, los contratos obtenidos por los familiares del ministro en el Gobierno Regional de La Libertad superan los S/253.000. La controversia se desata en un momento crucial, considerando que la percepción ciudadana sobre la corrupción en el sector público es un tema de constante preocupación.
El ministro Vásquez, en declaraciones a la prensa, ha enfatizado que su sobrina es una profesional de la medicina y que su contratación no representa ninguna ilegalidad. Destacó que la joven cuenta con el derecho constitucional al trabajo y que su experiencia como médico auditor justifica su incorporación en la red de salud regional. Subrayó, además, que no ejerce ninguna influencia sobre las decisiones del Gobierno Regional de La Libertad, desvinculándose de cualquier posible conflicto de interés.
No obstante, el reportaje de Canal N resalta que Daniela Noemí Fernández Vásquez, la sobrina del ministro, obtuvo su primera orden de servicio en abril de 2024, apenas dos meses después de registrarse como proveedora del Estado. En total, habría suscrito cinco órdenes de servicio y un contrato que ascienden a S/162.900. Por otro lado, José Alejandro Fernández Reforme, cuñado del ministro y accionista de la empresa Mundo Laboral Management, ha sido contratado por el Gobierno Regional de La Libertad en tres ocasiones, sumando más de S/91.000 por servicios de limpieza.
Vásquez insiste en que la información ha sido presentada de manera sesgada, omitiendo el hecho de que su sobrina es médico de profesión y que ha estado trabajando en el sector salud. Acusa a los medios de comunicación de no haber informado que la suma percibida por su familiar corresponde a casi dos años de salario promedio para un médico en el país, percibidos en un lapso menor gracias a su trabajo continuo.
En su defensa, el ministro también aclaró que solo se entera de las actividades laborales de sus familiares al momento de completar sus declaraciones de intereses, un requisito obligatorio para los funcionarios públicos. Argumenta que no puede interferir en el derecho al trabajo de sus parientes, siempre y cuando no exista un conflicto de intereses directo con sus funciones en el Ministerio de Salud. Es importante precisar que las contrataciones se dieron antes de las modificaciones legales que prohíben a familiares de ministros y congresistas contratar con el Estado.
Este incidente se suma a otros casos similares que han involucrado a funcionarios de alto rango, reavivando el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la gestión pública. La Oficina de Ética Pública y la Contraloría General de la República podrían iniciar investigaciones para determinar si existió alguna irregularidad en las contrataciones y si el ministro Vásquez incurrió en algún tipo de falta ética o administrativa.
