El reciente atentado con explosivos contra la sede del Ministerio Público en la ciudad de Trujillo ha elevado la preocupación de las autoridades nacionales y locales en Perú, destacándose en este contexto las declaraciones del gobernador regional de La Libertad, César Acuña. El atentado, ocurrido en la madrugada del lunes, ha dejado evidencias de la creciente inseguridad en una región que ya se encuentra bajo un estado de emergencia desde hace casi un año, lo que ha llevado a Acuña a exigir con urgencia una estrategia de seguridad más efectiva. Según el gobernador, su gestión ha solicitado reiteradamente la renovación de 130 agentes de inteligencia y la intervención activa del Ejército en las calles para frenar la creciente ola de criminalidad, un pedido que, hasta el momento, no ha sido atendido de manera concreta por el Ejecutivo. Segùn Renato Silva para Infobae.
“A primera hora de la mañana he hablado con el ministro del Interior (Juan José Santiváñez) y fui claro en decirle que tiene que venir con propuestas concretas porque los liberteños estamos a la expectativa de que esto se revierta,” afirmó Acuña a la prensa local, subrayando la necesidad de medidas decisivas para combatir la delincuencia en la región. Además, el gobernador destacó que las autoridades nacionales, entre ellas el ministro de Defensa, Walter Astudillo, y el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, llegaron a Trujillo como resultado de sus conversaciones, en un esfuerzo por revisar la situación y generar un plan de acción coordinado. Sin embargo, Acuña insistió en que, a pesar de las reuniones con funcionarios del Ejecutivo, “desde el año pasado hemos pedido que se cambie a los de inteligencia y no lo hicieron, que se cambie a los de investigación nunca lo hicieron.”
Una gestión bajo presión
La intervención de César Acuña en la seguridad de La Libertad ha sido marcada por su constante lucha por mejorar las condiciones de seguridad, sin embargo, la situación actual muestra que las soluciones no han llegado. Trujillo, la capital de la región, ha sido escenario de un alarmante aumento de la violencia, reflejada en el atentado contra el Ministerio Público, un acto de extrema gravedad que pone en duda la efectividad de las políticas de seguridad implementadas. La llegada del gobernador a Trujillo, tras una breve visita a Iquitos por motivos políticos, resalta su preocupación ante la falta de respuesta del gobierno de Dina Boluarte a las múltiples solicitudes que había realizado anteriormente. “Hemos esperado a que pase más de un año y miren lo que está pasando,” expresó Acuña, subrayando la inacción del gobierno ante la creciente inseguridad en la región.
En un contexto de creciente tensión, César Acuña también hizo énfasis en la necesidad de una mayor presencia de las Fuerzas Armadas en las calles de Trujillo para ayudar a la Policía Nacional del Perú (PNP) a controlar la situación. Según su declaración, el Ejército debe tener un rol más activo en el patrullaje y en la ejecución de tareas de seguridad para lograr frenar la ola de violencia que afecta a la región. “Yo voy a defender a los liberteños. Yo me debo a los liberteños… Esto tiene que ser un punto de quiebre,” agregó Acuña, mostrando una postura firme ante la creciente amenaza del crimen organizado.
El Estado de Emergencia y la criminalidad
El atentado ocurrido en Trujillo no es un hecho aislado, sino que forma parte de un patrón de violencia que ha afectado a varias provincias de la región, a pesar de estar bajo un estado de emergencia desde hace más de once meses. Este decreto, que limita ciertas libertades en aras de combatir la delincuencia, no ha logrado frenar las actividades criminales en La Libertad. De hecho, en febrero de 2024, Infobae Perú reportaba que la región llevaba más de 14 meses en estado de emergencia, sin que se observaran mejoras sustanciales en la seguridad pública. Este periodo de restricciones, que incluyó el incremento de personal policial y la intervención del coronel Víctor Revoredo para capturar a los líderes de organizaciones criminales como ‘Los Pulpos’, ha demostrado ser insuficiente para frenar la ola de violencia.
Los resultados del estado de emergencia, junto con las estrategias de seguridad implementadas por el gobierno de Dina Boluarte, han sido ampliamente cuestionados. En la provincia de Pataz, por ejemplo, la actividad de mineros ilegales continúa con total impunidad, a pesar de la presencia de un contingente policial en la zona. En los primeros días de 2025, se reportaron dos nuevos atentados contra torres de alta tensión que abastecen de energía a la minera Poderosa, un ataque con dinamita que afectó gravemente las operaciones de la empresa. “Hemos vuelto a sufrir un nuevo atentado de mineros ilegales, que han dinamitado, aún tenemos que confirmar si es una o dos torres de alta tensión,” indicó el alcalde de Pataz, detallando cómo el ataque se produjo bajo la vigilancia de 300 efectivos policiales, lo que demuestra la ineficacia de las estrategias actuales.
“Este ataque, el segundo en menos de una semana, se produce bajo la mirada de un contingente de al menos 300 policías,” agregó De la Flor, un funcionario local, reflejando la impotencia ante la incapacidad de frenar los atentados a pesar de la presencia policial. Estos hechos son un claro reflejo de la falta de control que el gobierno central tiene en algunas regiones del país, especialmente en aquellas afectadas por el crimen organizado y la minería ilegal.
El gobierno responde
A pesar de las críticas, el gobierno de Dina Boluarte ha mantenido su postura de no realizar cambios significativos en su gabinete, y la gestión del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, sigue siendo objeto de controversia. Santiváñez, quien actualmente se encuentra bajo investigación por presuntos delitos de encubrimiento y abuso de autoridad, ha sido uno de los principales responsables de las políticas de seguridad en el país, pero su gestión no ha logrado generar confianza en la ciudadanía. “No se está evaluando hacer cambios en el gabinete y mucho menos en la cartera del Interior,” afirmó el ministro Gustavo Adrianzén, en clara defensa de su equipo de trabajo, a pesar de las crecientes críticas sobre la falta de resultados en la lucha contra la criminalidad.
La situación en La Libertad sigue siendo crítica, y los llamados de autoridades como César Acuña a una acción más firme y decidida por parte del gobierno central no han sido escuchados de manera efectiva. “Esto tiene que unirnos,” concluyó el gobernador, haciendo un llamado a la unidad y a la acción inmediata para revertir la crisis de seguridad que atraviesa la región. Sin embargo, mientras las autoridades continúan debatiendo sobre las medidas a tomar, la violencia sigue creciendo en las calles de Trujillo, Pataz y otras provincias de La Libertad. El futuro inmediato de la región dependerá de la capacidad del gobierno para implementar estrategias de seguridad más contundentes y efectivas.
La situación en La Libertad es solo un reflejo de la crisis de seguridad que atraviesa todo el país, donde la ciudadanía exige respuestas rápidas y eficaces para frenar la violencia y devolver la tranquilidad a las comunidades afectadas. Mientras tanto, César Acuña y otros líderes regionales continúan presionando al gobierno de Dina Boluarte para que se tomen decisiones urgentes que permitan recuperar el control de las zonas más afectadas por el crimen organizado y la inseguridad.
