La situación que enfrentan los centros poblados de la región Huánuco es un reflejo contundente del abandono que aún persiste en vastas zonas del país. Según declaró Geni Valentín Palomino, asesor de AMUCE PERÚ, más del 70 % de los alcaldes de centros poblados no ha recibido las transferencias económicas correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre. Se estima que cerca de 60 municipalidades están operando sin los recursos mínimos para atender sus obligaciones más básicas.
Las cifras son reveladoras: cada centro poblado debería recibir al menos 5,350 soles mensuales —la suma de aportes distritales y provinciales— pero este presupuesto, aunque modesto, representa su principal sustento operativo. Con él se financian servicios esenciales como limpieza pública, mantenimiento de caminos y el registro civil. Su ausencia no solo paraliza obras, sino que desmantela el funcionamiento básico del gobierno local.
Lo más preocupante es que esta crisis se origina tanto en las demoras de la Municipalidad Provincial de Huánuco como en la falta de rendición de cuentas por parte de algunos alcaldes de centros poblados. Este cruce de responsabilidades evidencia un grave problema de gestión pública. Como advirtió Valentín, no se puede cortar un presupuesto en mitad de año sin afectar directamente a miles de ciudadanos.
Se estima que el total anual destinado a estos centros bordea los tres millones de soles. Para las grandes ciudades, esa cifra puede parecer insignificante. Pero para las comunidades rurales representa la posibilidad de tener una calle transitable, un cementerio en funcionamiento o simplemente alumbrado público. La falta de voluntad para ejecutar estos recursos refleja una preocupante indiferencia estatal hacia los territorios más alejados.
No se trata de favores ni de discursos, sino de derechos presupuestales establecidos. Y aun así, el último trimestre del año se aproxima con más dudas que certezas. La pregunta es clara: ¿acaso los ciudadanos de los centros poblados no son también parte del Perú?
El Estado no puede seguir fallando donde más se le necesita. Ya no es tiempo de diagnósticos, sino de acciones concretas. Los funcionarios locales y regionales deben dejar de lado la pasividad y asumir su responsabilidad. Garantizar las transferencias, agilizar las rendiciones y priorizar las necesidades locales no es una opción: es una obligación moral y legal.
Porque sin presupuesto no hay gobierno. Y sin gobierno, los centros poblados seguirán siendo territorio del olvido.
