El titular de la Defensoría del Pueblo en Huánuco, Marco Durand Rocca, se pronunció respecto al presupuesto que reciben los centros poblados de la región, cuestionando la sostenibilidad de su funcionamiento y la falta de adecuación de muchos de ellos a la nueva ley.
Durante una entrevista, Durand Rocca advirtió que diversos gobiernos locales habrían aprovechado vacíos legales para impulsar la creación “indiscriminada” de centros poblados en los últimos años. Según el funcionario, muchos de estos fueron reconocidos mediante ordenanzas, pero sin cumplir plenamente los requisitos legales establecidos. “Eso tiene que respetarse, pero solo si los centros poblados han adecuado su funcionamiento a los términos de la nueva ley”, enfatizó. En caso contrario —advirtió— podrían quedar sin reconocimiento oficial.
Consultado sobre el número de centros poblados actualizados en la región, el representante de la Defensoría precisó que no existe una cifra exacta disponible, aunque estimó que serían más de un centenar los que estarían en proceso de regularización. “Los municipios distritales deben estar atentos, ya que la ley los obliga a destinar presupuesto para su funcionamiento”, indicó.
Presupuesto insuficiente y transferencias mínimas
En la actualidad, Durand Rocca detalló que los centros poblados suelen recibir entre 3,800 y 5,000 soles mensuales, principalmente para cubrir gastos básicos como el registro civil y el desplazamiento de sus autoridades. Sin embargo, el funcionario recalcó que estas asignaciones resultan insuficientes frente a las nuevas responsabilidades, como la atención de servicios de salud, educación, limpieza pública y parques. “No cuentan con mecanismos legales para incrementar conceptos de gasto más allá de lo que autoriza el municipio distrital”, remarcó.
El representante de la Defensoría subrayó que la transferencia de recursos corresponde directamente a las municipalidades distritales y provinciales, sin que el gobierno regional esté obligado a financiar a los centros poblados, salvo mediante convenios específicos para proyectos de salud, ornato o educación. Respecto a estos convenios, Durand precisó que deben ser tripartitos —es decir, entre el gobierno regional, la municipalidad distrital/provincial y el centro poblado— para permitir una transferencia directa y transparente de los recursos.
Advertencia sobre la legalidad
Durand Rocca señaló que hasta hace pocos meses, alrededor del 60% de los municipios habrían realizado transferencias a los centros poblados, aunque en montos acumulados y considerados bajos. Afirmó que la principal demanda de estas jurisdicciones es un mayor respaldo económico por parte del gobierno regional, aunque reconoció que esta no es una obligación formal, sino una posibilidad en caso de “voluntad política”.
El funcionario recomendó a los alcaldes de centros poblados que regularicen su situación administrativa para poder acceder a mayores fondos y suscribir convenios interinstitucionales. “La ley exige requisitos claros para que tengan legalidad. Si no se adecuan, no podrán recibir apoyo económico ni celebrar contratos”, puntualizó.
Finalmente, Durand exhortó a las autoridades municipales a priorizar la transparencia y la fiscalización en el uso de los recursos. Advirtió que en algunos casos, la falta de control ha permitido prácticas irregulares por parte de autoridades locales, insistiendo en la necesidad de una vigilancia rigurosa por parte de los órganos de control municipal y regional.
