La victoria pírrica de un Congreso que corrige lo que antes eligió
Por Mg. Wily M. Alvarez Pasquel
No todas las crisis comienzan con un escándalo. Algunas comienzan con una votación. La elección del presidente del Congreso, en un país donde la estabilidad es frágil, no es un trámite interno: es una decisión que puede alterar la conducción del Estado.
En el Perú, la Presidencia del Parlamento no es un cargo decorativo. La línea de sucesión ha dejado de ser una hipótesis académica para convertirse en una posibilidad real. Por eso, cada voto que define esa posición debería estar guiado por criterios de solvencia, prudencia y sentido de Estado.
La censura de José Jerí puede entenderse como una reacción frente a una conducta que no estuvo a la altura de la investidura. Su desempeño evidenció ligereza y una preocupante confusión entre exposición y responsabilidad. Presidir el Congreso —y eventualmente asumir la conducción del país— exige contención, criterio y conciencia institucional. Cuando esas cualidades no aparecen, el costo político se vuelve inevitable.
Pero la consecuencia no borra el origen, porque la censura no se explica sin la elección previa. Si se concluye que no era idóneo, la pregunta inevitable es qué motivó su designación. No se trata de un error técnico; se trata de un cálculo político que terminó saliendo mal.
La escena posterior fue previsible: voceros multiplicándose en los noticieros, discursos solemnes sobre defensa de la democracia, declaraciones enfáticas acerca de la moral pública. De pronto, quienes formaban parte de la misma ecuación aparecieron como paladines de la institucionalidad.
Quizá fue, en realidad, una victoria pírrica que salva titulares, pero no salva coherencia.
Porque la moral no puede activarse por temporadas ni según la conveniencia electoral. La severidad resulta menos heroica cuando quienes la ejercen participaron en la decisión que hizo posible el problema. Corregir con estridencia lo que se construyó con cálculo no convierte el error en virtud.
Tras la censura, comenzó el intercambio de responsabilidades. Unos señalaron a otros. Se habló de errores individuales, de decisiones aisladas, de circunstancias imprevistas. Cada bancada intentó ubicarse del lado correcto de la historia, como si la elección inicial hubiera sido obra de otro.
La escena fue reveladora: todos parecían tener razones, pero nadie asumía la responsabilidad completa. Se repartieron explicaciones, se ensayaron justificaciones, se construyeron narrativas defensivas. Y, sin embargo, el hecho era evidente: la designación fue colectiva y la crisis también.
Cuando todos se deslindan, nadie responde. Y cuando nadie responde, la política se vacía de responsabilidad.
Lo más inquietante no es el error, sino la naturalidad con la que se intenta diluirlo. Como si la suma de votos que llevó a la elección pudiera desvanecerse en una sucesión de declaraciones posteriores. Como si la memoria institucional fuera selectiva.
Lo preocupante no es que el Congreso ejerza control político. Lo preocupante es que actúe como si no hubiera tenido nada que ver con la elección previa. Como si la responsabilidad comenzara en la crisis y no en la votación.
Además, varios de los más vehementes impulsores de la censura no son actores neutrales. Son candidatos. Aspiran a renovar su escaño o a mejorar su posición en las encuestas. En ese contexto, la severidad puede convertirse en estrategia de diferenciación.
Y entonces la pregunta deja de ser jurídica para convertirse en política: ¿se censuró por convicción o por supervivencia? ¿Se defendió la institucionalidad o se intentó contener un costo electoral? ¿La indignación fue principio o cálculo?
Si la pérdida de confianza es el argumento central, ese mismo estándar debería aplicarse hacia adentro. De lo contrario, la censura no es coherencia: es corrección obligada.
Pero quizá el problema no termina en el hemiciclo, los congresistas eligieron mal a su presidente y luego corrigieron lo que no supieron evaluar con rigor. Esa escena resulta inquietantemente familiar. Es el mismo patrón que se repite cada cinco años en la urna: se elige desde la emoción o la conveniencia, y después se reacciona con indignación cuando las consecuencias aparecen.
No podemos seguir administrando la política como si las crisis fueran parte del paisaje. No podemos normalizar que cada error se corrija cuando el daño ya está hecho.
Quienes menos tienen son los que más pagan. La incertidumbre política no golpea primero al congresista que recalcula su estrategia; golpea al pequeño comerciante, al trabajador informal, al joven que busca empleo en un mercado que se paraliza ante cada sobresalto institucional. La fragilidad política es un impuesto silencioso que recae sobre los más vulnerables.
Como país, no merecemos vivir en un ciclo permanente de elección improvisada y corrección tardía. La democracia no puede reducirse a votar y luego indignarse. Exige algo más incómodo: criterio previo.
Se avecina un nuevo proceso electoral. La cédula de sufragio parece cada vez más extensa, más fragmentada, más confusa; casi un ejercicio de Baldor trasladado a la política. Pero la complejidad no nos exime de responsabilidad.
Si el Congreso terminó pareciéndose a la ciudadanía en su error de cálculo, la única forma de romper el ciclo es asumir que elegir bien no es una aspiración idealista: es una obligación democrática. Todo está escrito; lo que falta es recordarlo.
