El juicio oral contra Pedro Castillo y Betssy Chávez por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 ha tomado un nuevo matiz político y social. Mientras la Fiscalía pide penas de hasta 34 años de cárcel para el expresidente y 25 años para su ex primera ministra, la huelga de hambre que inició Chávez en el penal de Chorrillos ha generado movilizaciones en su respaldo, especialmente en Arequipa.
Durante la audiencia, Castillo aprovechó para enviar un mensaje a su exaliada: le pidió deponer la huelga, advirtiendo que “al pueblo no se le defiende poniendo un cuerpo inerte en un camposanto, sino luchando de manera permanente”. Aun así, ratificó su respaldo a la “lucha” de Chávez frente a los presuntos abusos denunciados en prisión.
El gesto del exmandatario ocurre mientras en varias regiones se han comenzado a registrar expresiones de solidaridad con la exministra. En Arequipa, decenas de ciudadanos marcharon en el centro histórico, comparando su figura con la de Micaela Bastidas y calificando de “dictadura” al Gobierno de Dina Boluarte.
El caso de Castillo y Chávez no solo se juega en los tribunales: también ha encendido un frente de protesta que revive los discursos de persecución política y represión estatal. La huelga de hambre de Chávez se convierte así en un nuevo símbolo de resistencia para sectores que aún reclaman la libertad del expresidente.
