Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la presidenta Dina Boluarte y principal acusado en la presunta red de corrupción denominada Los Waykis en la Sombra, no asistió a la audiencia en la que se evaluaba el pedido de prisión preventiva por 36 meses en su contra. Según informó Luis Paucar para Infobae, el abogado defensor, Luis Vivanco, manifestó en dos ocasiones que no pudo localizar a su patrocinado, lo que llevó al juez Richard Concepción Carhuancho a dejar constancia de la ausencia en el acta.
Detalles de la audiencia y las acusaciones
La sesión, realizada de manera virtual, estuvo marcada por inconvenientes. Mientras que el imputado Jorge Ortiz Marreros reportó problemas técnicos con su cámara, la inasistencia de Nicanor Boluarte fue el aspecto más destacado. Su abogado indicó: “No he podido comunicarme con mi patrocinado, lamentablemente”. Vecinos del pasaje Daniel Alomía (San Borja), donde reside el acusado, señalaron que no lo han visto en días, según el periodista Alonso Ramos.
El Ministerio Público acusa a Boluarte de liderar una organización criminal dedicada al tráfico de influencias, con el objetivo de instrumentalizar el aparato estatal para la creación y fortalecimiento del partido político Ciudadanos por el Perú. La investigación también señala a Mateo Castañeda, exabogado de Dina Boluarte, y otros implicados en un esquema que habría controlado la designación de prefectos y subprefectos, especialmente en Cajamarca.
Decisiones judiciales y postura del magistrado
El juez Concepción Carhuancho consideró que los hechos atribuidos a Nicanor Boluarte tienen “alta connotación criminal” y señaló que los elementos de convicción presentados por la Fiscalía son graves. Además, resaltó que el pedido de prisión preventiva cumple con los tres requisitos establecidos por la ley:
- Existencia de graves elementos de convicción.
- Posible pena mayor a cinco años.
- Presencia de peligro procesal.
La sesión estuvo marcada también por una decisión previa del magistrado de inaplicar la reciente ley sobre crimen organizado aprobada por el Congreso, impulsada por Waldemar Cerrón. Según Concepción Carhuancho, la norma es inconstitucional y contraria a la Convención de Palermo, ya que excluye delitos contra la administración pública y favorece a funcionarios investigados.
La postura de Dina Boluarte y contexto político
La presidenta Dina Boluarte ha negado en reiteradas ocasiones cualquier relación de su hermano con el Gobierno o con actividades ilícitas. “Mi hermano no es parte de este Gobierno (…) Dejen de difamarlo, él no está participando en ninguna organización o partido”, afirmó la mandataria.
Boluarte fue arrestado inicialmente en mayo por orden de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, pero recuperó su libertad bajo medidas restrictivas. Durante su detención, negó todas las acusaciones y afirmó ser inocente.
Este caso ha generado un fuerte impacto político, alimentando críticas al Ejecutivo y poniendo en el centro del debate la lucha contra la corrupción en el país. La ausencia de Nicanor Boluarte en la audiencia aumenta las tensiones en torno a una investigación que podría tener consecuencias significativas para la estabilidad del Gobierno.
